El crimen organizado brasileño continúa expandiéndose, y Ceará, un estado del nordeste, se ha convertido en un foco de atención alarmante. Desde al menos dos años, familias enteras están siendo obligadas a abandonar sus hogares y pueblos debido a las amenazas de grupos criminales, como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), entre otros. Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Ceará revelan un preocupante aumento: se registraron 219 casos de desplazamiento forzado entre enero de 2024 y septiembre de 2025, con un promedio de diez casos mensuales.
Esta cifra, obtenida a través de la cruzada de datos policiales e inteligencia, podría ser una subestimación debido a la subnotificación. Los motivos principales del desplazamiento son las amenazas directas de las facciones criminales o, más preocupante, la gravedad de los enfrentamientos entre ellas.
Ceará está disputado por al menos cuatro grupos: el CV, que opera en Fortaleza y sus alrededores; el PCC, con mayor presencia en el interior; los Guardiões do Estado, que se ha enfrentado al CV y ha formado alianzas con el PCC; y el TCP Cangaço, un brazo del Terceiro Comando Puro (TCP) de Río de Janeiro, que busca controlar el territorio, especialmente en el interior del estado. La capital, Fortaleza, tiene una larga historia de criminalidad, remontándose a la actividad del broker de la mafia calabresa ’ndrangheta, Rocco Morabito.
El hermano del líder del PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, también está involucrado. El conflicto entre facciones ha llevado a la violencia en comunidades como Uiraponga, donde solo quedan cinco familias. Además, el crimen organizado se beneficia de la situación, alquilando las viviendas abandonadas y gestionando la venta de propiedades. El control territorial se extiende hasta la infraestructura de internet, con amenazas y ataques a las compañías de telecomunicaciones.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, que incluyen el fortalecimiento de las unidades GAECO y la asignación de recursos, la situación sigue siendo crítica, con un 7,7% de reducción en los homicidios en 2025, pero con el crimen aún amenazando la vida de la población.
