Tras denuncias de los sindicatos portuarios de Tierra del Fuego, el Gobierno nacional ha dispuesto la intervención del Puerto de Ushuaia. La medida, publicada en el Boletín Oficial, entrará en vigor el próximo viernes y estará a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APYN) por un plazo de un año, pudiendo ser prorrogado.
La intervención responde a una serie de fallas y deficiencias detectadas durante una inspección realizada entre septiembre y octubre del año pasado, incluyendo un deterioro estructural en el muelle, fallas en el sistema de seguridad, deficiencias en el mantenimiento, tecnología y gestión ambiental. Además, se constató un bajo nivel de inversión en infraestructura, equivalente al 1,3% de los fondos disponibles, destinados mayoritariamente al personal y a préstamos.
La APYN asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, limitándose a la infraestructura de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes. Se notificará a la Caja Previsional, la Prefectura Naval, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y las prestadoras de servicios públicos para asegurar la continuidad de los servicios portuarios. La Gerencia de Coordinación Técnica actuará como Unidad Ejecutora y asistencial de la intervención.