El Gobierno nacional ha dado un paso audaz y controvertido en su plan de modernización de la infraestructura vial: la apertura de sobres económicos para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta iniciativa, que involucra la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, marca un giro significativo hacia la privatización de la gestión de carreteras, con el objetivo de aliviar la presión sobre el presupuesto estatal y atraer inversión privada.
El proceso, que se llevó a cabo a través de la plataforma Contrat.Ar, culminó con la evaluación de las propuestas económicas presentadas por 15 empresas que previamente habían demostrado su solvencia técnica en febrero. La licitación comprende dos tramos principales: el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, con una extensión de 1.325,17 kilómetros, y el Tramo Pampa, que abarca 546,65 kilómetros.
La piedra angular de este nuevo modelo de gestión vial es la eliminación de los subsidios estatales. El Gobierno argumenta que el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial deben ser financiados exclusivamente por los usuarios a través del cobro de peajes. Esta estrategia, según las autoridades, no solo liberará recursos públicos para otras áreas prioritarias, sino que también incentivará la eficiencia y la calidad del servicio por parte de los concesionarios privados.
**¿Quiénes son los ganadores potenciales?**
Para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco se posicionó como el oferente más competitivo, con un valor de peaje de $997 más IVA (tomando como referencia julio de 2025). Las demás propuestas para este tramo superaron los $1.000, siendo la más alta la de Vial Agro S.A., con $1.322,31 más IVA.
En cuanto al Tramo Pampa, Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. presentó la oferta más baja, con $2.355,37. El consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco también participó en esta licitación, ofreciendo $3.354.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados a través de su cuenta de X, destacando la importancia de la iniciativa para modernizar la infraestructura vial y garantizar la conectividad del país. Caputo enfatizó que el proceso es "eficiente, transparente y riguroso", y que solo las empresas que demuestren solvencia técnica y financiera seguirán en carrera.
**¿Qué implicaciones tiene este cambio para los usuarios?**
La principal implicación para los usuarios es el aumento de los costos de viaje debido al cobro de peajes. Sin embargo, el Gobierno argumenta que esta inversión se traducirá en una mejora de la calidad de las rutas, con un mantenimiento más eficiente y una mayor seguridad vial. Además, se espera que la competencia entre los concesionarios impulse la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.
**El rol de Vialidad Nacional**
Vialidad Nacional jugará un papel crucial en la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión. El organismo será responsable de garantizar que los concesionarios cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos, y de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. El esquema de control se basará en resultados, lo que significa que se evaluará el desempeño de los concesionarios en función de indicadores objetivos.
**El futuro de la red vial argentina**
La Etapa II-A de la RFC es solo una parte de un plan estratégico más amplio que busca renovar la gestión de miles de kilómetros de calzada en todo el país. El Gobierno ya ha anunciado el llamado a licitación para la fase “B”, que incluye tramos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. El objetivo final es alcanzar una red vial moderna y eficiente que facilite el transporte de carga y el tránsito particular, sin representar una carga financiera para el Tesoro nacional.
Este cambio de paradigma en la gestión de las rutas nacionales plantea interrogantes sobre el rol del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales. Si bien la privatización puede generar eficiencias y atraer inversión privada, también puede plantear preocupaciones sobre el acceso equitativo a la infraestructura y la posibilidad de que los intereses comerciales primen sobre el bienestar público. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno para establecer un marco regulatorio sólido y garantizar una supervisión efectiva de los concesionarios privados.