El gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su política de desregulación económica, esta vez apuntando al sector agropecuario. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eximió a los productores rurales de la necesidad de contar con habilitaciones municipales o provinciales en varios trámites relacionados con la actividad agropecuaria. Esta medida, firmada por la titular del Senasa, María Beatriz Giraudo, representa un cambio significativo en la forma en que los productores interactúan con las autoridades locales.
La resolución deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992, simplificando los trámites al eximir a los productores inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) de la obligación de obtener habilitaciones locales. El Renspa, un registro obligatorio y gratuito del Senasa, asocia al productor con su tierra y actividad (agrícola, ganadera o forestal), sirviendo como herramienta de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, la inocuidad de alimentos y la comercialización. La inscripción al Renspa se puede realizar tanto online a través de AFIP como de forma presencial.
El fundamento de esta decisión se encuentra en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el Decreto 90/2025. El DNU 70, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece la promoción de un sistema económico basado en la libre concurrencia, la propiedad privada y la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, a través de la desregulación del comercio, los servicios y la industria. El Decreto 90, por su parte, impulsa un relevamiento normativo para identificar y derogar normas redundantes, innecesarias o que generen sobrecostos para el sector productivo.
Sturzenegger celebró la medida del Senasa, calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Explicó que al separar los trámites nacionales de los municipales, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión”, afirmando que “menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso”. La resolución apunta a evitar la superposición de requisitos que, según la norma, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”, sumando condiciones ajenas al Senasa y costos extras que generan una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos.
La norma también busca armonizar los criterios, contra “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por ello, el Senasa simplificó los trámites, eliminando la obligatoriedad de presentar las habilitaciones municipales vinculadas a predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios. Sin embargo, el Senasa aclaró que esta eximición no implica una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de los actores de la cadena de producción rural y agroalimentaria. La resolución enfatiza que los administrados deben cumplir con la normativa nacional, provincial o municipal vigente.
María Beatriz Giraudo, la presidenta del Senasa, es una reconocida dirigente rural con una larga trayectoria en el sector agropecuario. Su experiencia y conocimiento del campo han sido fundamentales para impulsar esta medida. Giraudo ha presidido la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y ha participado en equipos de gobierno anteriores, como el de Mauricio Macri. Su liderazgo y compromiso con el sector rural son evidentes en esta iniciativa.
Esta medida representa un paso importante hacia la simplificación de los trámites para los productores rurales, reduciendo la burocracia y los costos asociados. Se espera que esto impulse la producción agropecuaria y contribuya al crecimiento económico del país. La eliminación de las habilitaciones municipales es un claro ejemplo de la política de desregulación que está impulsando el gobierno de Javier Milei, buscando liberar el potencial del sector privado y fomentar la inversión y el desarrollo.