La Asociación Bancaria (AB) ha encendido las alarmas en el sistema financiero argentino al declarar un paro de actividades de 24 horas en los 21 tesoros regionales del Banco Central (BCRA) distribuidos a lo largo del país. La medida, que comenzó hoy, es una respuesta directa a la decisión del BCRA de cerrar 12 de estas oficinas ubicadas en el interior del país, una medida que, según el gremio, pone en peligro los puestos de trabajo de 32 empleados.
El conflicto se centra en la falta de diálogo y las supuestas intimidaciones a los trabajadores del BCRA. La AB denuncia que la autoridad monetaria no ha considerado el impacto social y económico que el cierre de estas sucursales tendrá en las comunidades locales. El abastecimiento de efectivo, especialmente en ciudades y pueblos del interior, depende en gran medida de estos tesoros regionales, que son los encargados de distribuir el dinero a los bancos y cajeros automáticos.
Si bien el BCRA asegura que la medida de fuerza no afectará la atención al público en las sucursales bancarias ni el funcionamiento de los cajeros automáticos, la Asociación Bancaria advierte que podría haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior. Esto significa que, en ciertas localidades, podría haber demoras en la disponibilidad de efectivo o incluso limitaciones en los montos que se pueden retirar.
“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país”, señaló un comunicado oficial del gremio.
La AB también anticipó que, de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza que podrían extenderse a todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales. Esto podría generar un impacto aún mayor en la actividad financiera del país.
En paralelo a este conflicto, la Asociación Bancaria ha logrado cerrar su paritaria salarial con las cámaras empresariales del sector. El acuerdo contempla un aumento del 3,4% para marzo, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03. Además, se ha pactado un bono de $2.014.092,28 para todos los trabajadores del sector por el Día del Bancario, que se actualizará en futuras revisiones salariales.
El incremento del 3,4% se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, acumulando un 9,4% sobre los salarios de diciembre de 2023 en los primeros tres meses del año. Las partes han acordado continuar con el mismo mecanismo de negociación en abril y mayo, y retomar las discusiones en la segunda quincena de junio.
La situación actual refleja la tensión existente entre el BCRA, que busca optimizar sus recursos y reducir costos, y la Asociación Bancaria, que defiende los puestos de trabajo y las condiciones laborales de sus afiliados. El cierre de los tesoros regionales del BCRA es parte de un plan de ajuste interno que la entidad que preside Santiago Bausili está llevando adelante, y que ha generado fuertes críticas por parte del gremio.
La incertidumbre sobre el futuro de los tesoros regionales del BCRA y el posible impacto en el abastecimiento de efectivo en el interior del país mantienen en vilo a los ahorristas y a las entidades financieras. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los involucrados.
El paro de la Asociación Bancaria es un claro indicio de la creciente conflictividad social y laboral en Argentina, en un contexto de alta inflación y crisis económica. La defensa de los puestos de trabajo y la búsqueda de salarios dignos son las principales demandas de los trabajadores, que ven amenazadas sus condiciones de vida por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno.