El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en una delicada cuerda floja. Si bien el Gobierno ha logrado mostrar un superávit financiero de $484.789 millones en marzo, tras un superávit primario de $930.284 millones, este logro se ha visto ensombrecido por un aumento alarmante de la deuda flotante del Tesoro, que trepó casi $2 billones en un solo mes. Esta deuda, que representa gastos realizados pero aún no pagados, alcanzó los $4.044.758,20 millones, casi duplicando los $1.950.414,50 millones registrados en febrero.
La estrategia de postergar pagos, aunque no es nueva y se considera una práctica habitual del Tesoro, especialmente en marzo, ha sorprendido por su magnitud. En un contexto de caída de la recaudación y un programa de ajuste fiscal implacable, este incremento sugiere que la disciplina fiscal exige esfuerzos cada vez mayores por parte del equipo económico liderado por Caputo. La pregunta que surge es si esta práctica es sostenible a largo plazo y cuáles serán las consecuencias para proveedores, empresas y la economía en general.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha implicado la aceptación de una deuda flotante de cerca de $8 billones. Sin embargo, el rápido crecimiento de esta deuda en un solo mes genera preocupación y pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos. La deuda flotante no es simplemente un número en una hoja de cálculo; representa obligaciones ciertas pendientes de pago, tanto dentro como fuera de plazo. La acumulación excesiva de pagos atrasados puede generar consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía, afectando la confianza de los inversores y dificultando el acceso al crédito.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la deuda flotante es un pasivo del Estado. Los gastos pendientes de pago incluyen obligaciones a término y obligaciones vencidas que no han sido canceladas. Si bien algunos especialistas argumentan que el aumento de la deuda flotante en marzo podría estar vinculado a factores estacionales, como un comportamiento similar observado el año pasado, la magnitud de la variación actual es inusual y requiere un análisis más profundo.
El informe de la Tesorería General de la Nación revela que los mayores aumentos en marzo correspondieron a los rubros de bienes y servicios, que pasaron de $53.293 millones a $314.966 millones, y transferencias, que se incrementaron de $885.236 millones a $1.658.142 millones. Estos dos conceptos explican la mayor parte del incremento mensual observado en la deuda flotante. Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, señala que, si se quita la estacionalidad, la deuda flotante creció un 28,3% de forma desestacionalizada.
La situación se agrava en un contexto de creciente conflictividad social, como los reclamos de las empresas de colectivos en AMBA y la deuda con proveedores de PAMI, donde el retraso en los pagos ha sido evidente y ha generado tensiones. La postergación de pagos, aunque pueda mejorar las cifras fiscales a corto plazo, puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como el deterioro de la relación con proveedores, la pérdida de confianza en el gobierno y el aumento del riesgo país.
El gobierno deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de cumplir con los objetivos fiscales acordados con el FMI y la importancia de mantener una relación saludable con sus proveedores y garantizar el funcionamiento normal de la economía. La transparencia en la gestión de la deuda y la comunicación clara con los diferentes actores económicos serán fundamentales para evitar una crisis de confianza y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La espera del dato de abril será crucial para determinar si el aumento de la deuda flotante en marzo fue un fenómeno estacional o una señal de alarma que requiere medidas urgentes.