La situación económica en el Gran Buenos Aires (GBA) se deteriora rápidamente, evidenciada por un aumento explosivo en la morosidad bancaria. Según un informe de la consultora CML&A, liderada por el economista Pablo Curat, la tasa de morosidad para créditos a personas humanas en el GBA se disparó a un alarmante 18,4% en diciembre de 2025, un salto drástico desde el 4,9% registrado el año anterior. Esto significa que casi una de cada cinco personas que tienen un crédito bancario en el conurbano bonaerense está en situación de incumplimiento.
Este nivel de morosidad no solo supera con creces los picos observados durante las crisis económicas de 2019 y 2021, sino que coloca al GBA en una situación “crítica” en materia crediticia. La disparidad con otras regiones del país es notable: la morosidad familiar en el GBA es un 48% más alta que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un 58% superior a la del Interior bonaerense. El informe de CML&A califica al GBA como “la zona cero de la morosidad crediticia”.
Lo más preocupante de este fenómeno es que la morosidad no se limita a aquellos que han perdido su empleo o se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El estudio revela que incluso los trabajadores con empleo en relación de dependencia, es decir, aquellos con una fuente de ingresos estable, están teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias. Esta situación se explica, según Curat, por la crisis que están atravesando las empresas que los emplean.
Durante el mismo período, sectores productivos clave en el GBA, como la industria textil y del cuero (13% de préstamos incobrables), hoteles y restaurantes (12%), transporte (10%), construcción (9%) y comercio minorista y mayorista (8%), han entrado en mora. “Estos registros no solo evidencian dificultades entre las empresas, sino que afectan la capacidad de pago de los trabajadores directa o indirectamente vinculados con estas actividades”, explica Curat. La interconexión entre la salud financiera de las empresas y la capacidad de pago de los trabajadores se ha vuelto evidente, creando un círculo vicioso de morosidad.
El economista, quien fuera director del Banco Central, advierte que las soluciones de mercado por sí solas no serán suficientes para revertir esta situación. Subraya la necesidad de medidas que vayan más allá de la simple espera a que la oferta y la demanda de crédito se equilibren. Sin embargo, estas medidas deben ser compatibles con el eje de no emisión y equilibrio fiscal que promueve el Gobierno actual. Curat propone flexibilizar temporalmente las normas contables para permitir refinanciaciones sin penalizar la calificación crediticia de los deudores, así como reducir las tasas de interés. Estas medidas, según el economista, no requieren emisión de dinero ni aumentan el gasto público, sino que simplemente buscan facilitar el acceso al crédito y evitar una mayor exclusión financiera.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoce el problema, pero minimiza su gravedad. En el Congreso Económico Argentino celebrado en el marco de ExpoEFI 2026, Bausili afirmó que “el sistema se está saneando” y que no tiene previsto implementar medidas específicas para reducir la morosidad. El funcionario atribuye el aumento de la morosidad a una primera ola de créditos otorgados “a ciegas” a fines de 2024, cuando los bancos estaban reconstruyendo sus sistemas de scoring tras la devaluación. Bausili se muestra optimista y asegura que hay “indicios alentadores” de recuperación del crédito, señalando que el nivel de deterioro en las carteras se está desacelerando. Sin embargo, esta visión contrasta con la preocupación expresada por expertos como Curat, quienes advierten sobre el riesgo de una mayor exclusión financiera si no se toman medidas urgentes.
La reaparición del crédito, festejada por el Gobierno como un motor de recuperación económica, parece haber generado un efecto rebote, con un aumento de la morosidad que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. La falta de una respuesta contundente por parte del Banco Central y la persistencia de las dificultades económicas en el GBA auguran un futuro incierto para los deudores y para la economía en general. La situación exige un análisis profundo y la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la morosidad y promuevan un acceso equitativo al crédito.