La sombra de la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente se cierne sobre los bolsillos de los argentinos. Con el precio del petróleo Brent superando la barrera de los 112 dólares el barril, la amenaza de nuevos aumentos en los combustibles se ha vuelto inminente. Un acto tan cotidiano como llenar el tanque de nafta se convierte en una preocupación creciente para conductores y familias, en un contexto económico ya marcado por la inflación y la incertidumbre.
Daniel Montamat, exsecretario de Energía y expresidente de YPF, advierte que, de mantenerse los precios internacionales actuales, “es inevitable” que los precios de los combustibles en Argentina continúen su ascenso. El detonante de esta escalada fue la intensificación de los conflictos en la región, que comenzó con los bombardeos y se extendió rápidamente, afectando el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo y gas natural licuado (GNL). Se estima que por este estrecho transita cerca del 20% del petróleo y el 33% del GNL mundial.
La situación ha evolucionado de un impacto económico coyuntural a uno estructural, con importantes caídas en la producción de petróleo y gas, lo que se traduce en aumentos duraderos de los combustibles a nivel global. Las previsiones iniciales, que anticipaban una estabilización de los precios una vez superada la fase más aguda del conflicto, se han debilitado a medida que la guerra se extiende geográficamente y temporalmente.
En la última semana, los precios de la nafta super de YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentaron de $1.738 a $1.803, mientras que la nafta Infinia pasó de $1.899 a $1.975 y el Infinia Diesel (gasoil) de $1.955 a $2.033. Horacio Marín, presidente de YPF, ha prometido “amortiguar” los aumentos, pero la capacidad de la empresa para hacerlo es incierta, y la estrategia de otras comercializadoras, como Shell, Axion y Puma, es aún más incierta.
Ante este panorama, el gobierno busca herramientas para evitar que los precios locales sigan de cerca la evolución de los precios internacionales, priorizando el abastecimiento interno. Jorge Lapeña, presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, señala que el Estado tiene la capacidad de intervenir en el mercado para regular los precios.
En el Congreso, legisladores del kirchnerismo han propuesto un proyecto de ley para obligar a las petroleras y al Estado a informar con anticipación cualquier cambio de precios y restablecer el “Sistema en Línea de Información de Precios en Surtidor”, que obligaba a comunicar los ajustes con al menos 72 horas de anticipación. Esta medida, derogada por la resolución 717/2025, busca promover la transparencia y la competencia en el mercado.
El gobierno, aunque partidario del libre mercado y de la aplicación del concepto de “paridad de exportación” (que implica que los precios internos reflejen la evolución de los precios internacionales), ha mostrado preocupación por el impacto de la situación en la economía local, especialmente en la tasa de inflación. Como muestra de esta preocupación, la Secretaría de Energía ha demorado la licitación para la importación privada de GNL, retrasando el traslado de los mayores precios del gas a los consumidores locales.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por amortiguar el impacto, la volatilidad del mercado internacional sigue siendo un factor determinante. Según Montamat, el precio del barril fluctúa constantemente, oscilando entre los 116 y los 106 dólares según las expectativas del conflicto en el Golfo y la situación en el Estrecho de Ormuz. Argentina no puede ignorar estas referencias externas.
Las refinadoras no integradas ya están pagando la paridad de exportación, y los combustibles aún no se han ajustado completamente a estos valores. Montamat estima que, cuando el barril promediaba entre 87 y 88 dólares, las naftas estaban un 6% por debajo de la paridad de importación y el gasoil un 16%. “Si se mantienen estos precios, es inevitable que haya nuevos reajustes”, concluye.
La situación exige una respuesta integral que combine medidas de regulación, transparencia y diversificación de fuentes de energía para proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad económica del país. El futuro de los precios de los combustibles en Argentina pende de un hilo, y la incertidumbre sigue siendo la constante.