La Unión Industrial Argentina (UIA) ha elevado la voz de alarma ante la inminente llegada del invierno, advirtiendo sobre una posible crisis en el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) y el consiguiente impacto devastador en los costos energéticos para la industria nacional. La preocupación, expresada durante una reciente reunión de su Junta Directiva, se centra en la capacidad del país para satisfacer la creciente demanda de gas durante los meses más fríos, un período crítico para sectores clave como el metalúrgico, que requiere grandes volúmenes de gas para alimentar hornos y procesos de alta temperatura.
La UIA no solo teme restricciones en el suministro, sino también un aumento exponencial en los precios del GNL, exacerbado por las tensiones geopolíticas internacionales que han generado una mayor volatilidad en los mercados energéticos. Esta combinación de factores podría poner en jaque la competitividad de las empresas argentinas, dificultando su capacidad para mantener los niveles de producción y generar empleo.
“El suministro energético es un factor clave para la actividad industrial y cualquier interrupción o encarecimiento puede afectar directamente los procesos productivos”, declaró un portavoz de la UIA. La entidad ha mantenido reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria para expresar sus inquietudes y proponer soluciones.
Entre las medidas propuestas por la UIA se encuentra la adopción de medidas transitorias para atenuar el impacto del mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial. La idea es encontrar mecanismos que permitan preservar los niveles de producción sin comprometer la rentabilidad de las empresas. La UIA también ha solicitado mayor previsibilidad en la planificación energética, argumentando que la incertidumbre dificulta la toma de decisiones a largo plazo y desalienta la inversión.
La situación se agrava aún más por las recientes restricciones implementadas en el sistema de gas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las distribuidoras han limitado el despacho de gas a usuarios con contratos interrumpibles, como estaciones de servicio e industrias, para priorizar la demanda residencial. Si bien estas medidas son habituales en situaciones de alta demanda, tienen un impacto directo en los sectores productivos que dependen del gas para su funcionamiento.
El análisis del Centro de Estudios de la UIA (CEU) ofrece un panorama mixto de la actividad industrial. Si bien se anticipa una posible recuperación mensual de la producción industrial del 5% en marzo (sin estacionalidad) y un crecimiento interanual estimado de 3,6%, esta mejora se explica en gran medida por una base de comparación baja respecto al mismo mes del año anterior. A nivel trimestral, el panorama sigue siendo contractivo, con una caída interanual estimada del 2,7% en el primer trimestre.
Los sectores vinculados a la agroindustria han mostrado una mejora en la actividad, pero otros, como textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable, continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada. La UIA también destacó la baja de las tasas de interés para empresas, aunque expresó preocupación por el incremento de la morosidad.
Además de las preocupaciones energéticas, la UIA abordó temas relacionados con la agenda ambiental, informando avances en la elaboración de lineamientos para una ley de gestión de envases, basada en la economía circular y la participación del sector privado. La entidad también repasó su participación en encuentros internacionales, buscando fortalecer vínculos productivos y promover inversiones.
En resumen, la UIA se enfrenta a un escenario complejo, marcado por la incertidumbre energética, la volatilidad económica y la necesidad de impulsar la competitividad de la industria nacional. La resolución de estos desafíos será crucial para garantizar la recuperación económica y el desarrollo sostenible del país. La situación exige una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades, en colaboración con el sector privado, para evitar un impacto negativo en la actividad productiva y el bienestar de los argentinos.