El Gobierno nacional ha anunciado una nueva postergación en la aplicación de los aumentos de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (CO₂), originalmente programados para entrar en vigor en abril. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, se extiende esta suspensión hasta el mes de mayo, en un intento por amortiguar el impacto de la creciente volatilidad en los precios internacionales del petróleo, exacerbada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Esta decisión, confirmada por fuentes oficiales a Infobae, responde a la preocupación del Ejecutivo por el efecto que un aumento impositivo adicional podría tener en el bolsillo de los consumidores argentinos, ya afectados por una inflación persistente y una economía en constante ajuste. El decreto 217/2026 modifica el decreto 617/2025, extendiendo la postergación a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
La justificación oficial es clara: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”, explicaron fuentes gubernamentales. Esta estrategia de diferir los aumentos, aunque implica una pérdida de ingresos fiscales a corto plazo, se considera una forma de evitar un shock económico mayor y mantener la estabilidad en los precios de los combustibles.
El cálculo de los montos de estos impuestos se realiza trimestralmente, basándose en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC. Además, existe una consideración especial para las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza, que reciben un monto fijo diferencial para el gasoil.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a esta herramienta de postergación en varias ocasiones, optando por autorizar aumentos parciales y aplazando el resto del ajuste para meses posteriores. Esta política ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran una medida paliativa que no aborda las causas estructurales de la inflación y la volatilidad en los precios de los combustibles.
Según un informe de la consultora Economía y Energía (EyE), las postergaciones implementadas durante 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total estimado de USD 2.326 millones. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) representa actualmente el 15,83% del valor final del litro, mientras que el Impuesto a las Emisiones de CO₂ equivale al 0,97% del total.
El precio final de la nafta súper en los surtidores está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales que, en conjunto, superan un tercio del valor pagado por el consumidor. La distribución del ICL es la siguiente: 10,40% al Tesoro Nacional, 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 10,40% a las Provincias, 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% a la Compensación Transporte Público. Es importante destacar que algunos de estos fondos y fideicomisos han sido eliminados o modificados por el Gobierno en el marco de su política de ajuste fiscal.
El contexto en el que se toman estas decisiones es de una marcada aceleración en los precios de los combustibles. En lo que va de marzo, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un aumento del 15%, en línea con la suba del precio internacional del petróleo y el impacto de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Este incremento se suma a los ajustes periódicos aplicados por las petroleras desde el inicio del año, en el marco de la liberalización gradual de los precios.
Además de la postergación de los impuestos, el nuevo decreto también permite a las petroleras utilizar bioetanol hasta un 15% en naftas, en comparación con el límite anterior del 5,6%. Esta medida busca promover el uso de combustibles renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aunque su impacto real en los precios y el medio ambiente aún está por verse.
En resumen, la postergación del aumento de impuestos a los combustibles es una medida que busca aliviar la presión sobre los consumidores en un contexto de alta inflación y volatilidad en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, esta estrategia implica una resignación de ingresos fiscales y no aborda las causas estructurales de los problemas económicos del país. El futuro de los precios de los combustibles dependerá de la evolución de la situación geopolítica, la política económica del Gobierno y las decisiones de las petroleras.