La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha dictaminado un fallo histórico que revoca la condena impuesta a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La sentencia original, emitida por la jueza Loretta Preska, obligaba al país a pagar una suma que superaba los 18.000 millones de dólares, incluyendo intereses acumulados desde 2013. Esta decisión, que pendía como una espada de Damocles sobre la economía argentina, ha sido ahora anulada, generando un alivio palpable en el gobierno y en diversos sectores de la sociedad.
El fallo, de 56 páginas, establece que las reclamaciones de los accionistas de YPF no son reconocibles bajo la ley argentina y que la expropiación no generó una obligación contractual indemnizable. La corte argumentó que los estatutos de YPF, si bien establecen normas internas de funcionamiento, no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado. Esta interpretación es crucial, ya que desestima la base legal sobre la cual se sustentaba la demanda.
Burford Capital, el bufete de abogados inglés que financió la demanda y se erigió como el principal beneficiario, ha visto cómo el valor de sus acciones se desplomaba hasta en un 50% tras la noticia. La empresa, que se define a sí misma como un proveedor de financiamiento litigioso, ha sido acusada por muchos de actuar como un fondo buitre, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad económica para obtener ganancias.
El caso se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, motivada por la necesidad de asegurar el suministro energético del país y recuperar el control sobre los recursos naturales, generó controversia y dio lugar a una serie de demandas por parte de accionistas afectados. Repsol, el accionista mayoritario en ese momento, llegó a un acuerdo con el gobierno argentino, pero otros accionistas minoritarios decidieron emprender acciones legales.
La defensa argentina, a lo largo de los diez años de litigio, se centró en la violación de la inmunidad soberana, la inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos (FSIA) y la interpretación del derecho argentino. El equipo legal argumentó que la propiedad de un Estado en el extranjero está protegida frente a embargos y ejecuciones, y que la expropiación es un acto soberano que no puede ser cuestionado en tribunales extranjeros.
El gobierno de Javier Milei ha celebrado el fallo como una victoria para la soberanía nacional y la defensa del patrimonio argentino. El presidente Milei, en un discurso público, agradeció al equipo legal que trabajó en el caso y destacó la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos, que, según fuentes oficiales, jugó un papel clave en la resolución del litigio. La cancillería argentina, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional.
La oposición, aunque con matices, también ha reconocido el resultado positivo del fallo. Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, figuras centrales en la decisión de expropiar YPF en 2012, han expresado su satisfacción por la anulación de la condena. Sin embargo, han advertido sobre la necesidad de evitar interpretaciones que puedan minimizar la importancia de la expropiación y sus consecuencias.
El juez José Cabranes, en su voto en minoría, discrepó con la mayoría de la corte y argumentó que los estatutos de YPF debían ser entendidos como contratos entre accionistas, lo que implicaba que Argentina estaba obligada a realizar una oferta pública de adquisición tras la expropiación. Esta posición, sin embargo, no fue compartida por sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.
El futuro del caso es incierto. Burford Capital ha anunciado que analizará la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Sin embargo, las posibilidades de éxito parecen escasas, dado el sólido razonamiento jurídico del fallo de la Corte de Apelaciones.
En definitiva, la revocación de la condena por la expropiación de YPF representa un alivio significativo para la economía argentina y un triunfo para la defensa de la soberanía nacional. El caso, que ha generado controversia y debate durante más de una década, ha llegado a su fin, dejando una lección importante sobre la importancia de la interpretación del derecho y la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional.