## Argentina pone en riesgo sus glaciares: ¿Qué significa para Chile y el futuro del agua?
Este sábado 21 de marzo, Chile celebra su Día Nacional de los Glaciares, un recordatorio de la importancia vital de estos gigantes de hielo. Sin embargo, la discusión más urgente sobre el futuro de los glaciares no se libra en el lado chileno de la cordillera, sino en Argentina, donde el Congreso debate una modificación a la ley que, por 16 años, protegió los glaciares y zonas periglaciares, abriendo la puerta a proyectos mineros que, hasta ahora, no podían avanzar.
El proyecto de ley ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero y avanza hacia la Cámara de Diputados. La semana pasada, se convocaron audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, generando una respuesta ciudadana sin precedentes: casi 60.000 personas se inscribieron para participar, una cifra que supera la capacidad del estadio de Boca Juniors. Esta masiva movilización refleja la profunda preocupación que suscita la posible modificación de la ley.
Lo que ocurra en el Congreso argentino no es indiferente para Chile, ya que ambos países comparten cuencas hídricas que nacen en los Andes y bajan hacia el Pacífico. La integridad de estos glaciares es fundamental para garantizar el suministro de agua para millones de personas en ambos países, así como para mantener el equilibrio ecológico de la región.
**Una ley pionera en jaque**
La Ley 26.639, sancionada en octubre de 2010, fue la primera en América Latina con jerarquía constitucional en establecer la protección integral de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Su aprobación no fue fácil. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una versión anterior del texto en 2008, debido a presiones de la minera Barrick Gold, que operaba en San Juan. Dos años más tarde, el Congreso la volvió a aprobar.
La norma vigente prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la construcción de obras sin fines científicos y la liberación de sustancias contaminantes en zonas glaciares y periglaciares. Define como glaciar a toda masa de hielo perenne, con o sin agua intersticial, formada por recristalización de nieve, cualquiera sea su forma, dimensión o estado de conservación. Una de sus principales innovaciones fue extender esa protección al ambiente periglacial: las zonas que rodean los glaciares, donde el suelo congelado actúa como esponja que acumula y libera agua lentamente. Hasta entonces, esas áreas no tenían ningún amparo legal.
Además, la ley creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico del CONICET. Por primera vez, el Estado argentino tendría un registro técnico e independiente de sus cuerpos de hielo. Ese inventario registra hoy casi 17.000 glaciares en 12 provincias, que alimentan 36 de las 96 cuencas hídricas del país a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados.
La última actualización del IANIGLA registró una reducción del 17% del hielo descubierto y del 23% de los manchones de nieve en los Andes desérticos, al noroeste argentino y norte de San Juan. Esta alarmante disminución subraya la urgencia de proteger estos recursos hídricos.
Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca de San Juan, advierte que la modificación a la ley agravaría ese deterioro: “El río Jáchal y el río San Juan no se secan porque su sistema es pluvionival: se alimentan del deshielo de la cordillera y las lluvias. Y, cuando la nieve escasea, del agua acumulada en los glaciares. Si se corta ese reservorio, el sistema va a cambiar”, dijo.
**Los dos cambios clave de la reforma**
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene dos cambios clave. Por un lado, acota la protección. Mientras la ley vigente resguarda todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo texto la limita a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” para la recarga de cuencas. Esta definición abre la puerta a la interpretación y podría excluir a muchos glaciares de la protección.
El segundo cambio le otorga a cada provincia, y no al Estado nacional ni a los organismos científicos, la potestad de determinar cuáles son esos glaciares, y qué importancia tienen como recurso hídrico para, eventualmente, habilitar o no la minería en la zona. Esto podría generar conflictos de interés y decisiones basadas en criterios políticos en lugar de científicos.
“Vamos a cambiar un criterio científico para la protección de glaciares por un criterio político”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
**Las dos campanas de la reforma**
La modificación a la ley es impulsada por el ejecutivo de Javier Milei, que la presenta como necesaria para el desarrollo económico del país a través de la minería, un sector que actualmente registra fuertes inversiones en litio y cobre. El presidente ha argumentado que Argentina está perdiendo oportunidades económicas debido a las restricciones ambientales.
“En la minería podemos hacer un montón de cosas: tenemos cobre, litio, oro, minerales raros. Chile con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos”, declaró el presidente Milei.
Sin embargo, los críticos argumentan que el desarrollo económico no debe lograrse a costa del medio ambiente y de los recursos hídricos. La experiencia de otros países, como Chile, muestra que es posible desarrollar la minería de manera sostenible, respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
La votación en el recinto, si los tiempos se sostienen, está prevista para el 8 de abril. Para entonces, los glaciares de los Andes seguirán ahí, indiferentes al calendario legislativo, cumpliendo su rol de hace milenios: acumular agua para cuando escasea. El futuro del agua, y de la vida en la región, está en juego.