El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sellaron un nuevo acuerdo técnico que ha generado un debate intenso en el país. La reducción de la meta fiscal, del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), es un claro reconocimiento de las dificultades que enfrenta Argentina para cumplir con los objetivos iniciales del programa económico. Este ajuste, que permitirá el desembolso de 1.000 millones de dólares, se produce en un contexto de caída en la recaudación y de crecientes demandas por deudas con el Ministerio de Economía.
La caída de la recaudación es un síntoma de la fragilidad de la economía argentina. La inflación persistente, la devaluación del peso y la incertidumbre política han afectado la actividad económica y, por ende, la capacidad del Estado para recaudar impuestos. A esto se suman los reclamos de diversos sectores, como las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los prestadores de PAMI, que exigen el pago de deudas pendientes.
El staff del FMI insiste en que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. Sin embargo, la consecución de este objetivo dependerá de un control del gasto riguroso y continuo, así como de la implementación de reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal. La pregunta clave es si el gobierno argentino será capaz de llevar a cabo estas reformas en un contexto de alta tensión social y política.
La analista María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, considera que la meta fiscal original del 2,2% era excesiva y poco realista. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, señaló. No obstante, otros analistas advierten que incluso la meta revisada del 1,4% sigue siendo ambiciosa, especialmente considerando la desaceleración del crecimiento económico y la persistencia de la inflación.
El ministro Caputo ha asegurado que los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas dos décadas, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica. Sin embargo, esta predicción se basa en la implementación de políticas de ajuste que podrían tener un impacto negativo en el nivel de vida de la población. La reducción de subsidios, por ejemplo, podría generar un aumento en las tarifas de los servicios públicos y afectar a los sectores más vulnerables.
Claudio Caprarulo, director de Analytica, destaca que los cambios en las proyecciones del FMI ponen metas más factibles de cumplir este año. Sin embargo, advierte que repetir el superávit primario del año pasado será un desafío, debido a la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real.
El Ministerio de Economía publicará este jueves los resultados del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien se espera un saldo positivo, los inconvenientes podrían surgir en los próximos meses, debido a los pagos de deuda a las empresas de colectivos y a los prestadores de PAMI. El desembolso de los 1.000 millones de dólares del FMI se espera para mayo, aunque los tiempos finales dependen de la burocracia del organismo internacional.
El FMI ha destacado que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas del Banco Central, con compras de divisas que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año. El acuerdo con el Fondo establece que las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, impulsadas por la movilización de financiamiento en moneda extranjera y las compras sostenidas de divisas por el Banco Central.
El Banco Central ha retomado las compras de divisas este año, pero enfrenta dificultades para acumular reservas debido a los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de 128 millones de dólares el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el gobierno argentino logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al Banco Central retener las divisas adquiridas.
En resumen, el acuerdo con el FMI representa un alivio temporal para Argentina, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía. La sostenibilidad del programa económico dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas, controlar el gasto público y generar confianza en los mercados. La caída de la recaudación y las deudas pendientes son señales de alerta que deben ser abordadas con urgencia.