El gobierno argentino, bajo la dirección del ministro de Economía Luis Caputo, ha puesto en marcha un ambicioso plan para aliviar la pesada carga de la deuda externa. Una pieza clave de esta estrategia es la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana. El objetivo declarado es recaudar aproximadamente 500 millones de dólares, una suma considerable que se espera utilizar para cubrir los próximos vencimientos de deuda y fortalecer las arcas del Estado.
La decisión de avanzar con la concesión de AYSA no es aislada. Caputo ha delineado una estrategia multifacética que incluye la búsqueda de garantías internacionales a través de negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la colocación de bonos en dólares y la venta de otros activos estatales. Todas estas medidas convergen en un único propósito: generar divisas frescas para hacer frente a los compromisos financieros inmediatos y estabilizar la economía.
El proceso de concesión de AYSA ya ha dado sus primeros pasos con la publicación del contrato correspondiente en el Boletín Oficial. El siguiente paso crucial es el llamado a licitación, que se anticipa en los próximos días. Sin embargo, la concreción de la operación no será inmediata. Las fuentes consultadas por Infobae estiman que el proceso completo, desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación, podría demorar alrededor de tres meses.
Este plazo se justifica por la necesidad de que las empresas interesadas acrediten su solvencia económica y sus capacidades técnicas antes de presentar una oferta formal. Se espera que la licitación atraiga a empresas con experiencia en la gestión de servicios públicos, aunque no necesariamente en el sector de agua y saneamiento. Este requisito busca garantizar que la empresa concesionaria cuente con la experiencia y los recursos necesarios para operar y mantener la infraestructura de AYSA de manera eficiente.
Uno de los aspectos más sensibles de la concesión de AYSA es el impacto en las tarifas. Actualmente, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Esta fórmula toma en cuenta factores como los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el gobierno ha dispuesto regulaciones temporales para limitar los aumentos de tarifas, con el objetivo de desacelerar la inflación.
En particular, se ha establecido que la factura de AySA podrá aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto de 2026. Esta medida responde a la necesidad de equilibrar la sostenibilidad financiera de la empresa con la protección del poder adquisitivo de los usuarios. Durante 2025, los aumentos se limitaron al 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario que posteriormente se intentó compensar con aumentos de hasta el 4% mensual entre enero y abril de 2026.
La definición final de la tarifa será competencia del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que deberá aprobar cualquier propuesta presentada por la empresa concesionaria. En el primer ciclo de la concesión, que comenzará en 2027, se seguirá utilizando la fórmula polinómica vigente. Sin embargo, al cumplirse los cinco años, se realizará una nueva evaluación y se elaborará un nuevo plan de acción, que incluirá una propuesta tarifaria actualizada.
La privatización de AySA se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal y reducción del papel del Estado en la gestión de servicios públicos. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) ha acelerado la definición de los pliegos y la reglamentación necesarios para concretar el traspaso en el menor plazo posible. El gobierno confía en que la concesión de AYSA permitirá no solo aliviar la deuda externa, sino también mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.
Sin embargo, la operación también genera controversia y críticas. Los sindicatos y las organizaciones sociales han expresado su preocupación por el posible impacto en el empleo y en el acceso al agua potable y saneamiento para los sectores más vulnerables de la población. La oposición política ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso y ha exigido garantías de que la concesión no afectará negativamente a los usuarios.
En definitiva, la concesión de AySA es una operación compleja que involucra múltiples intereses y desafíos. Su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar las necesidades financieras del Estado con la protección de los derechos de los usuarios y la sostenibilidad del servicio.