El Gobierno nacional ha dado un paso significativo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la aprobación del nuevo contrato de concesión, formalizado a través de la Resolución 543/2026 publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión, que responde a la Ley 27.742 que declara a AySA “sujeta a privatización”, busca dotar al proceso de venta de la mayoría accionaria de un marco normativo claro y actualizado, garantizando la continuidad del servicio esencial para más de quince millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veinticinco partidos del conurbano bonaerense.
La privatización de AySA ha sido un tema recurrente en la agenda política y económica argentina, con defensores que argumentan que la inversión privada puede mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, y detractores que temen un aumento de las tarifas y una reducción del acceso al agua potable, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. El nuevo contrato de concesión busca equilibrar estos intereses, estableciendo obligaciones claras para el futuro operador estratégico en términos de inversión, mantenimiento de la infraestructura y calidad del servicio.
El contrato regula la provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales en una amplia zona geográfica que incluye áreas densamente pobladas como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros. Además, contempla la prestación del servicio de recepción de efluentes cloacales en bloque en el partido de Berazategui, asegurando la cobertura de un territorio clave para la infraestructura sanitaria nacional.
Para garantizar una transición sin interrupciones, el contrato exige a AySA el cumplimiento de un Plan de Acción de Transición durante el resto del año en curso, integrando metas y obligaciones que se extenderán más allá de ese plazo en el primer ciclo tarifario, comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones y garantizar que la transición hacia la mayoría accionaria privada no afecte la calidad ni la cobertura de la prestación.
La venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA se realizará a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el remanente podrá ser colocado en bolsas y mercados del país. El proceso de licitación estará sujeto a estrictos criterios de selección, buscando un operador estratégico con la capacidad financiera y técnica para llevar adelante las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia del servicio.
En un contexto de creciente preocupación por las tarifas, el Gobierno también ha dispuesto limitar los incrementos mensuales en las tarifas de agua potable y desagües cloacales de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta agosto próximo. La resolución 14/2026 establece que los aumentos no podrán superar el 4% mensual hasta abril y, desde mayo hasta agosto, el límite descenderá al 3% por mes, siempre que el mecanismo de actualización oficial arroje un valor inferior. Esta medida busca equilibrar la viabilidad económica de la concesionaria con la protección de los usuarios ante subas abruptas.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ha modificado la resolución 53/25 para fijar estos topes, en un contexto donde el esquema tarifario vigente fue implementado en 2007 y actualizado por decreto en 2025, otorgando al ente funciones de control sobre la prestación, los aspectos económicos y la atención de reclamos. La transparencia y la rendición de cuentas serán elementos clave para garantizar que la privatización de AySA beneficie a todos los ciudadanos.
La aprobación del contrato de concesión es solo el primer paso en un proceso complejo que requerirá una gestión cuidadosa y una comunicación transparente con la sociedad. El futuro del servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires está en juego, y es fundamental que se tomen decisiones que garanticen el acceso universal a este derecho fundamental.