La Universidad de Chile se encuentra en el centro de una tormenta mediática y judicial tras los allanamientos realizados este lunes por el Ministerio Público en las oficinas de Azul Azul, su concesionaria, y en el emblemático Centro Deportivo Azul (CDA). La operación, que ha generado gran conmoción entre los hinchas y la comunidad deportiva, se enmarca en la investigación del caso Sartor, un asunto que ha estado latente por meses y que ahora resurge con fuerza.
Según información confirmada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la orden de entrada, registro e incautación fue solicitada por el fiscal Juan Pablo Araya ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El objetivo principal de la investigación es Sartor AGF, la administradora general de fondos, y se busca esclarecer posibles irregularidades financieras y administrativas que podrían haber afectado a la concesionaria y, por ende, al club.
El operativo policial se extendió por más de tres horas, durante las cuales se revisaron documentos, computadores y otros elementos de interés para la investigación. Además, se confirmó que el allanamiento también incluyó el domicilio particular de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, lo que sugiere que las autoridades están ampliando el espectro de la investigación para incluir a personas clave en la gestión del club.
Tras la finalización del operativo, Jorge Arredondo Pacheco, abogado de Azul Azul, se dirigió a los medios de comunicación para ofrecer una declaración oficial. Arredondo enfatizó que el club no es parte del proceso judicial en sí, sino que se limitó a colaborar con las autoridades en el cumplimiento de la orden judicial. “Nosotros no somos parte del proceso judicial”, aclaró, “existe una orden que indica que se incauten cierto tipo de documentos, por tanto, la arista en concreto o el caso puntual de qué trata excede el conocimiento que podemos tener”.
El abogado también precisó que ningún directivo, gerente o funcionario de Azul Azul ha sido citado a declarar en esta etapa de la investigación. “Solo se hizo el proceso de incautación de documentos”, agregó. Sin embargo, Arredondo remarcó la disposición del club a colaborar plenamente con la justicia y a proporcionar toda la información necesaria para esclarecer los hechos. “Hemos colaborado con la justicia en este proceso de unas tres horas que ha durado”, afirmó.
Arredondo también intentó minimizar el impacto de los allanamientos en la imagen y el funcionamiento del club. “Nosotros tenemos que seguir enfocándonos en la sociedad anónima que somos. Somos la concesionaria del club Universidad de Chile, tenemos una representación importante de actividades deportivas, y entendemos que esto no empaña ese tipo de situaciones”, declaró. “Nosotros como club tenemos el deber de cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que esté a nuestro alcance”, concluyó.
El caso Sartor ha sido objeto de controversia desde hace tiempo, con acusaciones de irregularidades en la gestión de fondos y posibles conflictos de interés. Los allanamientos de este lunes representan un avance significativo en la investigación y podrían conducir a nuevas revelaciones y consecuencias para los involucrados. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de Azul Azul y la Universidad de Chile, mientras las autoridades continúan investigando las presuntas irregularidades. Los hinchas, por su parte, esperan respuestas y transparencia en un caso que ha sacudido los cimientos del club más popular de Chile. La situación plantea interrogantes sobre la gestión financiera del club y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para evitar futuros incidentes. El desarrollo de esta investigación será crucial para determinar la responsabilidad de los involucrados y restaurar la confianza en la administración del club.