El escalofriante caso de Jeremías Monzón, un adolescente torturado y asesinado en Santa Fe, ha reavivado con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina. De los tres menores que estuvieron presentes en el momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran actualmente en libertad debido a que, según la legislación vigente, no son considerados imputables. Ante la crudeza y la gravedad de los detalles del caso, diversos sectores políticos han retomado la necesidad de modificar la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado.
La reforma del Código Penal que está elaborando el Gobierno contempla una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque en el pasado se han propuesto incluso bajarla a los 13 años. Inicialmente, la reforma se incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo, pero finalmente no se trató. Fuentes internas del despacho presidencial indican que se están finalizando algunos aspectos del proyecto, con una fecha estimada de publicación para la primera quincena del próximo mes.
No obstante, al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei han expresado su deseo de incluir la reforma en las sesiones extraordinarias, programadas para el 2 de febrero. Si bien algunos dirigentes abogan por tratar la baja de la imputabilidad en conjunto con otras modificaciones del Código Penal, otros insisten en su importancia como tema prioritario.
La iniciativa fue dictaminada en mayo del año pasado, bajo la denominación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, y contemplaba, además de la baja de la edad a 14 años, principios y garantías del sistema acusatorio, la prohibición de interrumpir los estudios de los menores y la implementación de programas de educación y tratamiento terapéutico. El proyecto original también establecía un plazo máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad de los adolescentes, con la posibilidad de alojarlos en instituciones adecuadas de detención o en la sección separada de los adultos.
Sin embargo, la idea fue expandirla a un régimen penal juvenil más amplio, que incluya políticas de Estado, inserción social y asistencia, así como herramientas para abordar la delincuencia juvenil de manera integral. La reforma integral del Código Penal pasó por varias etapas de revisión, involucrando a penalistas, jueces, asesores presidenciales y senadores, y finalmente se amplió a 912 artículos.