La tranquilidad de los usuarios del transporte público se ve amenazada. El Gobierno nacional ha puesto en marcha una auditoría exhaustiva sobre la distribución de subsidios a las líneas de colectivos, lo que ha derivado en la retención de fondos a varias empresas. La medida, anunciada por la Secretaría de Transporte, se basa en denuncias de irregularidades que sugieren posibles desvíos en el uso de los fondos estatales. Esta situación, lejos de ser un simple ajuste contable, podría tener consecuencias directas en la calidad y el costo del servicio que millones de personas utilizan a diario.
La auditoría se inició tras la asunción de Fernando Herrmann como secretario de Transporte en enero de este año. El cambio de autoridades, motivado por tensiones previas en torno a la política de subsidios, abrió la puerta a una revisión integral del sistema. Las denuncias iniciales, presentadas por las propias cámaras empresariales (CEAP, Cetuba, CTPBA y Ceutupba) contra el Grupo Metropol, apuntaban a la manipulación de datos en el sistema SUBE, específicamente en la registración de trayectos más largos de los reales, generando un perjuicio estimado en $3.000 millones para 2025.
Según fuentes oficiales, la retención de subsidios afecta tanto a los fondos correspondientes a meses anteriores como a los futuros, hasta que se determine el monto exacto de los posibles desvíos. Esta decisión ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial, que advierte sobre un "estrangulamiento financiero" y la imposibilidad de sostener el servicio con los ingresos actuales. Las empresas argumentan que los costos operativos (combustible, insumos, salarios, mantenimiento) están en constante aumento, mientras que las tarifas no se actualizan al mismo ritmo.
El cambio en el esquema de cálculo de los subsidios, que pasó de basarse en la "oferta" (kilómetros recorridos y cantidad de coches en servicio) a la "demanda" (cantidad y distancia efectivamente transportada) en octubre de 2024, ha complicado aún más la situación. Este nuevo sistema obligó a las empresas a implementar controles internos más estrictos para verificar el pago correcto de los boletos, detectando inconsistencias que fueron interpretadas por las autoridades como posibles actos ilícitos.
Las empresas, por el momento, no han recurrido a la Justicia para revertir la retención de fondos, alegando que aún no existen pruebas concretas de irregularidades. Sin embargo, la incertidumbre persiste y la falta de definiciones concretas por parte del Gobierno genera preocupación en el sector. La situación se agrava en un contexto de negociaciones salariales con los choferes, quienes reclaman aumentos salariales frente a la inflación y la crisis económica.
El futuro del transporte público en Argentina pende de un hilo. La resolución de esta auditoría y la definición de una política de subsidios clara y sostenible son cruciales para garantizar la continuidad del servicio y evitar un aumento desmedido de las tarifas. La falta de transparencia y la demora en las decisiones podrían agravar la crisis y afectar a millones de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
La Secretaría de Transporte asegura que los montos retenidos se regularizarán una vez finalizada la revisión, abonando a las empresas lo que corresponda en función de los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados. Sin embargo, la falta de plazos definidos y la complejidad de la situación generan desconfianza en el sector empresarial, que teme por la viabilidad de sus negocios. La pelota está en la cancha del Gobierno, que deberá tomar decisiones difíciles para evitar un colapso del sistema de transporte público.