La reciente publicación de la Evolución de la Distribución del Ingreso correspondiente al cuarto trimestre de 2025 por parte del Indec ha generado un debate crucial sobre la verdadera situación de la desigualdad en Argentina. Si bien los datos oficiales indican una leve reducción en el coeficiente de Gini – pasando de 0,431 a 0,427 – esta mejora debe ser analizada con cautela, ya que la disparidad entre los ingresos de los sectores más favorecidos y los más vulnerables persiste a niveles preocupantes.
El informe revela que el 10% de la población con mayores ingresos continúa percibiendo 13 veces más que el 10% con menores recursos. Esta brecha, que se mantiene estable en comparación con trimestres anteriores, pone de manifiesto la dificultad de implementar políticas públicas efectivas que logren una redistribución más equitativa de la riqueza. La concentración de ingresos en manos de una minoría sigue siendo un desafío estructural para el desarrollo económico y social del país.
El ingreso promedio por persona se ubicó en $635.996, mientras que la mediana fue de $450.000 pesos. Sin embargo, estas cifras ocultan las profundas diferencias existentes entre los distintos estratos sociales. El decil más bajo (el 10% con menores ingresos) percibe un promedio de $351.028, mientras que el decil más alto alcanza los $2.476.247 pesos. Esta disparidad se agudiza aún más al analizar los ingresos individuales: para formar parte del 10% más rico de la población, una familia debe tener ingresos mensuales superiores a $3.644.000.
Además, el informe del Indec pone de manifiesto la existencia de una brecha salarial de género significativa. Los varones perciben en promedio $1.191.364, mientras que las mujeres registran un promedio de $838.336 para el mismo período. Esta diferencia, que representa un 25% menos para las mujeres, refleja la persistencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral.
Otro aspecto relevante del informe es la importancia de los ingresos laborales como principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares (79,2%). Sin embargo, los ingresos no laborales (como jubilaciones, pensiones, subsidios, etc.) representan una proporción mayor en los estratos de menores ingresos, lo que indica una mayor dependencia de la asistencia social.
La relación de dependencia en los hogares también es un indicador preocupante. Por cada 100 personas ocupadas, hay 122 no ocupadas, y por cada 100 personas que perciben ingresos, hay 61 que no los perciben. Estas cifras se agravan en los hogares de menores ingresos, donde la relación de dependencia es aún mayor.
En conclusión, si bien el Indec reporta una leve mejora en la desigualdad de ingresos, la brecha salarial entre los más ricos y los más pobres se mantiene alarmante. La persistencia de esta disparidad, junto con la brecha salarial de género y la alta relación de dependencia en los hogares de menores ingresos, exige la implementación de políticas públicas integrales que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza y garanticen un acceso igualitario a las oportunidades para todos los ciudadanos. Es fundamental abordar las causas estructurales de la desigualdad, como la concentración de la propiedad, la falta de acceso a la educación y la discriminación en el mercado laboral, para construir una sociedad más justa y equitativa.