En el corazón de Misiones, un puente derrumbado se convirtió en un símbolo de la crisis fiscal argentina y la creciente frustración de los productores rurales. El puente Héctor Ligorria, construido en 1972 sobre el río Piray Miní (algunos lugareños lo llaman arroyo), conectaba a la localidad de 9 de Julio con Colonia Victoria, facilitando el acceso a las chacras y aserraderos de la región. Tras décadas de abandono y el embate de las crecidas, el puente estaba al borde del colapso, amenazando el sustento de familias enteras.
Alfredo Gruber, junto a sus hermanos Aldo y Gerardo, propietarios de Gruber Hermanos SRL y Establecimientos Guillermo, se vieron directamente afectados por la situación. El deterioro del puente obligaba a un rodeo de 50 kilómetros para llegar a sus tierras, incrementando los costos de transporte y dificultando la comercialización de sus productos: pino, sorgo, maíz, girasol, feedlot y cría de cerdos. “Teníamos que dar una vuelta de 50 kilómetros para llegar a nuestra chacra”, recuerda Alfredo a Infobae. “Empezaron a pasar primero motos y después se fue sacando la tierra y se volvió a usar, pero era peligroso, en cualquier momento se caía un camión o un colectivo”.
Ante la inacción de las autoridades, un grupo de productores autoconvocados, hartos de la burocracia y la falta de respuestas, decidió tomar cartas en el asunto. Después de varios intentos fallidos de obtener una audiencia con el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Coordinador Carlos Sartori y el director de Vialidad Provincial Nicolás Mazal, decidieron reparar el puente por su cuenta. Con maquinaria propia, cemento, encofrados y mucho esfuerzo, lograron reconstruir los pilotes y la plataforma, devolviendo la conectividad a la región.
La iniciativa, aunque admirable, plantea interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la infraestructura básica y la asignación de recursos fiscales. ¿A quién le correspondía arreglar el puente? ¿Al municipio, a la provincia o a la Nación? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí está claro es que la falta de inversión y la complejidad del sistema impositivo argentino están afectando la competitividad de los productores y el desarrollo de las regiones.
El caso del puente Héctor Ligorria es un ejemplo paradigmático de las “peripecias” que deben atravesar las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, según el empresario y economista Gustavo Lazzari. “¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera?”, se pregunta Lazzari, poniendo de manifiesto la absurda situación que enfrentan los productores locales.
La situación se agrava aún más en Misiones, una provincia conocida por el uso y abuso de las “retenciones” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Según Jorge Colina, presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), Misiones retiene una gran cantidad de dinero a las empresas, pero no lo devuelve, generando un crédito fiscal que muchas veces no pueden recuperar. “Todas las provincias tienen IIBB, con una tasa que no parece muy alta, 3%, 4% o 5%, pero al afectar todos los eslabones de la cadena productiva llega a pesar hasta 12% o 15% en el costo final de un bien o servicio”, explica Colina.
El IIBB, además, genera distorsiones en la economía, ya que las provincias retienen impuestos por ventas realizadas en otros territorios. Esto genera un crédito al contribuyente que, si no tiene suficientes ventas en la provincia, no puede recuperar. Empresas como Las Marías, productora de yerba y té, han presentado demandas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunciando que los “anticipos de Ingresos Brutos” que le retiene Misiones superan en más de 17.000% lo que le corresponde de pago anual.
Colina propone una reforma tributaria radical que elimine el IIBB y lo reemplace por un “Súper IVA”, de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias”. “Ordenar la anarquía de las provincias con IIBB quita productividad”, afirma Colina.
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, que obligó al municipio de Daireaux a devolver sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial, es otro ejemplo de la creciente demanda por justicia fiscal. El juez Pablo Germain consideró nula la tasa vial al comprobar graves deficiencias de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines.
La historia del puente Héctor Ligorria es un llamado de atención sobre la necesidad de una reforma fiscal profunda y una mejor asignación de recursos para el desarrollo regional. La autogestión de los productores es admirable, pero no es una solución sostenible a largo plazo. El Estado debe asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura básica y garantizar un sistema impositivo justo y eficiente que promueva la inversión y el crecimiento económico.