La industria automotriz argentina se encuentra en un momento crucial. El gobierno había lanzado el Régimen de Inversión para Grandes Inversiones (RIGI) con la esperanza de impulsar la producción de vehículos sustentables y atraer inversiones significativas al sector. La promesa era tentadora: estabilidad impositiva y arancelaria por 30 años, y lo más importante para las empresas, la exención de derechos de exportación para aquellos vehículos fabricados bajo el programa. Sin embargo, a medida que se acerca el plazo límite, la realidad es desalentadora: pocas empresas muestran interés genuino en adherirse al RIGI, y las inversiones anunciadas en los últimos tiempos no lo contemplan.
El principal escollo, según fuentes del sector, es la exigencia de crear una segunda empresa, con un número de CUIT diferente al de la terminal automotriz original. Esta estructura de “doble CUIT” busca separar los productos que se benefician del RIGI de aquellos que no, pero implica una complejidad administrativa y operativa considerable. Para muchas empresas, los costos y la burocracia asociados a esta exigencia superan los beneficios potenciales.
La situación se agrava aún más con la existencia de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz (Ley 27.686), que ofrece una alternativa más sencilla y directa. Esta ley establece que todos los vehículos nuevos fabricados en Argentina no pagarán retenciones a las exportaciones hasta el año 2031. Esto elimina la necesidad de crear una segunda empresa y simplifica significativamente el proceso de obtención de beneficios fiscales.
Toyota y Volkswagen son las únicas dos marcas que, hasta el momento, parecen estar considerando seriamente la posibilidad de ingresar al RIGI. Sin embargo, incluso en estos casos, la decisión no está tomada y dependerá de una evaluación exhaustiva de los costos y beneficios. La inversión de Volkswagen para la nueva generación de la pickup Amarok, por ejemplo, asciende a 580 millones de dólares y no contempla el RIGI.
El tiempo juega en contra del RIGI. Los proyectos industriales de nuevos modelos de vehículos requieren, en promedio, entre 3 y 4 años de desarrollo. Esto significa que las empresas que deseen beneficiarse del régimen deben tomar una decisión rápida, ya que el plazo se ha extendido solo por un año, hasta julio de 2027. Sin embargo, la mayoría de las empresas prefieren optar por la Ley 27.686, que ofrece una solución más inmediata y menos complicada.
La falta de interés en el RIGI también se refleja en la situación de los modelos existentes. Vehículos como el Peugeot 208, el Fiat Cronos, el Chevrolet Tracker, los furgones Renault Kangoo, Peugeot Partner y Citroën Berlingo, y las pickups Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, algunos de los cuales aún pagan arancel de exportación, no se beneficiarán del régimen. Si bien algunos de estos modelos están siendo reemplazados por nuevas generaciones que sí podrían acogerse a la Ley 27.686, el RIGI no parece ser una opción viable para ellos.
El caso de Renault es particularmente ilustrativo. Si bien la compañía había anunciado que la nueva pickup Niágara podría ingresar al RIGI, las trabas técnicas y la complejidad del proceso han puesto en duda la concreción de esta posibilidad. Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, ha reconocido que están evaluando si realmente es conveniente entrar al RIGI, teniendo en cuenta la dificultad de generar el doble CUIT.
En definitiva, el RIGI se encuentra en una encrucijada. A pesar de sus buenas intenciones, el régimen ha demostrado ser demasiado complejo y burocrático para muchas empresas. La Ley 27.686 ofrece una alternativa más atractiva y sencilla, lo que ha llevado a que las nuevas inversiones no lo contemplen. El futuro del RIGI dependerá de la capacidad del gobierno para simplificar el proceso de adhesión y ofrecer beneficios más competitivos. De lo contrario, el régimen podría quedar relegado a un segundo plano, perdiendo su oportunidad de impulsar la industria automotriz argentina.