El caso de racismo que involucra a Agostina Páez, una ciudadana argentina acusada de proferir insultos racistas y realizar gestos ofensivos en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, ha escalado a un nuevo nivel de controversia. La querella, representada por la abogada Tamara Fejolo, ha presentado un documento de 15 páginas solicitando una indemnización significativamente mayor para las víctimas, argumentando que la familia Páez posee recursos económicos considerables. El detonante de esta nueva solicitud fue la difusión de un video en el que Mariano Páez, padre de Agostina, es visto imitando a un mono, un gesto que la abogada Fejolo califica como una "clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas".
La estrategia de la querella se centra en demostrar la capacidad económica de la familia Páez. En sus alegatos, la abogada Fejolo señaló que Mariano Páez se jactó en el video de ser un "empresario, millonario, usurero y narco privado", lo que, según ella, justifica una indemnización más alta. Además, se destaca el estilo de vida lujoso que Agostina Páez exhibe en sus redes sociales, con constantes publicaciones sobre viajes, gastronomía y moda, lo que sugiere una situación económica privilegiada. La abogada argumenta que, considerando estas circunstancias, una indemnización de US$ 38.000 (equivalente a 120 salarios mínimos) por cada una de las víctimas es "proporcional y razonable", teniendo en cuenta el carácter pedagógico que debe tener la sanción.
La defensa de Páez, encabezada por Carla Junqueira, ha anunciado que impugnará formalmente la solicitud de la querella. Junqueira argumenta que el documento fue presentado fuera de plazo y que intenta incorporar pruebas en una etapa procesal ya cerrada. Además, cuestiona la "fragilidad del conjunto probatorio" y la falta de evidencia concreta del daño moral sufrido por las víctimas. La abogada enfatiza que la legislación contra el racismo debe proteger a las víctimas, pero no debe ser utilizada para obtener "beneficios económicos indebidos".
El episodio original ocurrió en la madrugada del 14 de enero de 2026, cuando empleados del bar denunciaron que Páez proferió insultos y realizó gestos simulando a un mono después de una discusión por la cuenta. Las imágenes de seguridad captaron estos incidentes, lo que dio origen a la acusación formal. La defensa también ha cuestionado la validez del certificado médico presentado por la querella para respaldar el supuesto daño psicológico sufrido por Beatriz da Silva Pereira, una de las denunciantes. El certificado, firmado por un especialista en geriatría, detalla un cuadro de descompensación de hipertensión arterial y ansiedad, con "episodios de ideación suicida". La defensa argumenta que un profesional dedicado al cuidado de adultos mayores no es el adecuado para certificar el estado de salud de una persona en plena adultez.
Agostina Páez, por su parte, ha expresado su "angustia" y temor de que el video de su padre la perjudique en el proceso. La defensa ha recordado que la jurisprudencia brasileña establece un tope aproximado de US$ 6.000 para las indemnizaciones por daño moral en casos de racismo, con montos que generalmente oscilan entre US$ 1.000 y US$ 2.000. En este contexto, consideran que la fianza ya depositada en el expediente, de US$ 18.800, debería ser suficiente para cubrir cualquier eventual reparación civil.
El Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJRJ) no ha fijado un plazo para la resolución del caso, pero ha confirmado que el expediente será remitido al juez Guilherme Duarte para dictar sentencia una vez que se hayan presentado todos los alegatos finales. Este caso ha generado un amplio debate en Brasil sobre la lucha contra el racismo, la justicia y la proporcionalidad de las indemnizaciones en casos de discriminación. La atención pública se centra ahora en la decisión del juez Duarte, que podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia brasileña.