La Fiscalía de Entre Ríos ha puesto en marcha una investigación clave que podría cambiar el mapa político de la provincia. Todo comenzó en 2018, cuando un policía apostado en una sucursal bancaria notó algo inusual: un grupo de personas realizaba retiros recurrentes en cajeros automáticos utilizando una cantidad inusitada de tarjetas de débito. Esta observación dio inicio al caso conocido como 'Contratos I', que destapó una red de contrataciones fraudulentas en la Legislatura.
El mecanismo era sencillo pero efectivo: se contrataba a personas de forma temporal, quienes recibían una mínima parte del dinero, mientras que el grueso de los fondos era administrado por un estudio contable y destinado a fines políticos. Actualmente, la causa 'Contratos I' se encamina a juicio, un paso fundamental para demostrar el perjuicio económico al Estado, estimado por la Fiscalía en $1.111 millones, frente a los $392 millones calculados por la Fiscalía de Estado.
La apertura de 'Contratos II' busca ahora deslindar responsabilidades en la cúpula política. Bajo la carátula de 'peculado culposo o imprudente', la justicia investiga si los altos mandos permitieron, por acción u omisión, este desfalco sistemático. Aunque el proceso aún está en etapas iniciales, la lista de posibles implicados incluye a exgobernadores y exvicegobernadores. El caso también ha estado marcado por controversias internas en el Ministerio Público, incluyendo la remoción de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche debido a vínculos profesionales con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.