El municipio de Caraguatay, una pequeña localidad del departamento Montecarlo en la provincia de Misiones, se encuentra sumido en una crisis institucional sin precedentes. La reciente denuncia penal contra su intendente, Mario Darío Peyer, no solo ha conmocionado a la comunidad local, sino que ha escalado hasta los niveles más altos del gobierno provincial, exponiendo nuevamente la fragilidad de los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de género en el ámbito público.
### La cronología de un abuso sistemático
Según consta en el expediente judicial radicado en el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, los hechos denunciados por una empleada del Concejo Deliberante de 31 años describen un patrón de comportamiento predatorio que se agravó con el paso de los meses. La relación laboral, que debería haberse basado en el respeto y el profesionalismo, se transformó en un calvario para la mujer.
El primer episodio, ocurrido el 8 de julio de 2025, fue el preludio de una serie de vejaciones. Bajo la fachada de una reunión de trabajo sobre cuestiones legislativas, Peyer citó a la empleada en su despacho privado. Allí, el funcionario habría intentado un contacto físico inapropiado que la víctima logró repeler, retirándose del lugar con el desconcierto y el miedo propios de quien es acosada por su superior jerárquico. Lejos de detenerse, el intendente habría utilizado su posición de poder para intimidar a la mujer, dejando claro que el entorno de trabajo ya no era un espacio seguro.
### El hecho central y la impunidad aparente
El punto de quiebre ocurrió el 4 de septiembre de 2025. Aprovechando la efeméride del Día de la Secretaria, Peyer ingresó a la oficina de la víctima con una caja de bombones. Lo que debió ser un gesto protocolar se convirtió en una escena de terror: el intendente arrinconó a la mujer, cerró las puertas y, mediante el uso de la fuerza, habría perpetrado un abuso sexual con acceso carnal. La brutalidad de este acto se vio agravada por la frialdad posterior del agresor, quien, apenas minutos después, se presentó en una sesión del Concejo Deliberante y se sentó junto a la víctima, continuando con tocamientos por debajo de la mesa mientras ella intentaba desesperadamente alejarse de él.
La gravedad de estos actos fue tal que incluso la presidenta del Concejo Deliberante tuvo que intervenir en una ocasión para llamarle la atención al intendente, sin comprender en ese momento la magnitud del horror que la empleada estaba viviendo. La impunidad con la que el funcionario actuaba, incluso en público, es un testimonio de la asimetría de poder que intentó imponer sobre la víctima.
### Amenazas y el uso del Estado como arma
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es el uso de represalias laborales y personales como método de extorsión. Peyer no solo amenazó a la víctima con despedirla, sino que utilizó el conocimiento sobre la vida privada de la mujer —su pareja es un efectivo policial— para amenazar con facilitar su traslado o perjudicar su carrera si ella se atrevía a denunciar. "Me dijo que eso es lo que a él le gusta", relató la mujer ante la Justicia, una frase que resume la naturaleza sádica de la coacción ejercida.
La persecución se extendió incluso al ámbito familiar. La denunciante informó que el intendente habría realizado gestos intimidatorios hacia su hija de 11 años mientras la menor jugaba en una plaza pública, utilizando una camioneta oficial del municipio. Este acto de amedrentamiento marca un punto de no retorno en la conducta del funcionario, quien habría traspasado los límites de la oficina para invadir la vida privada y la seguridad de la familia de la víctima.
### La respuesta política y judicial
Ante la presión social y la gravedad de las pruebas, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, rompió el silencio institucional. En un mensaje contundente difundido a través de sus redes sociales, el mandatario solicitó explícitamente que Peyer pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia. Este pedido busca garantizar que la investigación se desarrolle sin las interferencias que el poder político local podría generar.
Por su parte, el juez Balanda Gómez ha desplegado un operativo judicial de gran envergadura. Se han llevado a cabo allanamientos simultáneos en la sede de la Municipalidad de Caraguatay, el domicilio particular del intendente y el Concejo Deliberante. El objetivo es claro: el secuestro de dispositivos electrónicos (celulares y computadoras) que puedan contener pruebas digitales de las amenazas o comunicaciones relevantes para la causa. La camioneta gris mencionada en la denuncia también fue objeto de peritajes.
### El desafío del desafuero
El mayor obstáculo para la justicia en este momento es la inmunidad legal de la que goza el intendente por su cargo electivo. En la provincia de Misiones, al igual que en muchos distritos argentinos, los funcionarios cuentan con fueros que impiden su detención preventiva, salvo que el cuerpo legislativo correspondiente (el Concejo Deliberante local) apruebe su desafuero.
Esta situación genera una tensión democrática evidente: mientras la Justicia avanza con medidas de restricción de acercamiento —que hoy incluyen a la familia de la víctima—, la posibilidad de dictar una prisión preventiva sigue supeditada a una decisión política. La comunidad de Caraguatay observa con atención cómo se resolverá este dilema, mientras las organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas de la provincia exigen que la inmunidad no se convierta en un escudo para la impunidad. El caso Peyer se perfila como un antes y un después en la política misionera, marcando una línea clara entre el ejercicio de la función pública y la responsabilidad penal frente a la violencia de género.