El sistema judicial argentino atraviesa un momento de reconfiguración profunda en materia tributaria, impulsado por la reciente entrada en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Un fallo reciente dictado por la Justicia Federal de Entre Ríos ha encendido las alarmas y abierto un debate jurídico que promete extenderse a todo el país: el sobreseimiento de un empresario agropecuario por una causa de evasión agravada, basándose en la actualización de los umbrales mínimos para configurar el delito penal.
### El caso Veronesi: Cronología de una causa que cambió de rumbo
El protagonista de este giro judicial es Ignacio Veronesi, un empresario rural vinculado a la firma Aceitera Agroindustrial SA. Junto a su padre, el ya fallecido Antonio Joaquín Veronesi, el empresario enfrentaba una acusación grave: el Ministerio Público Fiscal sostenía que ambos habían urdido una maniobra de evasión tributaria entre los años 2015 y 2017. Según el expediente, la operatoria consistía en la omisión sistemática de declarar ventas de aceite de soja, apoyándose en la presentación de facturas apócrifas para justificar compras de materia prima en el mercado marginal.
El monto total de la presunta evasión, sumando IVA y Ganancias, ascendía a 9.274.986 pesos. Si bien para el año 2020, cuando se inició la investigación, dicha cifra representaba un golpe significativo al fisco —cercano a los 145.000 dólares de aquel entonces—, el paso del tiempo y la inflación erosionaron el valor nominal de la deuda. A valores actuales, ajustados por la cotización del dólar, el monto equivaldría a más de 205 millones de pesos. Sin embargo, el derecho penal no se mide por la inflación, sino por la letra fría de la ley vigente.
### La Ley de Inocencia Fiscal: Un cambio de paradigma
El 2 de enero de este año entró en vigor una nueva normativa que modificó sustancialmente el régimen penal tributario. Entre los cambios más disruptivos, se elevó el piso de punibilidad para el delito de evasión agravada desde los 1,5 millones de pesos originales hasta los 100 millones de pesos. Este cambio de umbral es, en la práctica, una amnistía tácita para cientos de causas que se encontraban en trámite, donde el monto evadido no alcanza el nuevo estándar exigido por la ley.
La defensa de Veronesi, encabezada por la abogada Julieta Elizalde, no perdió tiempo. Ante la nueva realidad normativa, solicitó el sobreseimiento de su cliente invocando el artículo 2° del Código Penal argentino, que consagra el principio de la 'ley penal más benigna'. Este principio dicta que, ante una sucesión de leyes, debe aplicarse aquella que resulte más favorable para el imputado, incluso si la nueva ley es posterior a la comisión del presunto hecho delictivo.
### La resolución judicial: ¿Justicia técnica o impunidad?
La jueza subrogante Noemí Berros, tras consultar con la fiscal Josefina Minatta, convalidó el planteo de la defensa. En una resolución que no deja lugar a ambigüedades, la magistrada concluyó que, dado que el monto de la evasión atribuida es inferior a los 100 millones de pesos exigidos ahora por la ley, la conducta ha perdido relevancia penal. "Las conductas reprochadas... han dejado de constituir delito", sentenció la jueza, dejando a Veronesi fuera del alcance de la justicia federal en esta causa.
Este fallo es un ejemplo claro de cómo la política criminal puede modificar la realidad de los tribunales. Mientras que para algunos juristas se trata de un triunfo del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, para otros sectores representa un retroceso en la capacidad del Estado para perseguir el fraude tributario, especialmente en un contexto de crisis económica donde cada peso de recaudación es vital.
### El contexto: Un historial de conflictos
Lo que añade una capa extra de controversia a este sobreseimiento es el pasado reciente del imputado. Ignacio Veronesi no es un desconocido para la justicia. En mayo de 2024, fue condenado por la justicia provincial a tres años de prisión en suspenso por el delito de administración fraudulenta, tras un caso relacionado con el faltante de 419 vacunos que debían estar bajo su custodia. Esta condena previa, al ser condicional, pesaba como una espada de Damocles sobre su situación procesal: de haber sido encontrado culpable en la causa de evasión tributaria, las probabilidades de que su condena se tornara efectiva y terminara tras las rejas eran altísimas. Con este nuevo fallo, Veronesi logra sortear un obstáculo mayor y mantener su libertad, un resultado que, sin duda, generará un intenso debate sobre la eficacia de las penas y la aplicación de las leyes en la Argentina actual.
Este precedente en Entre Ríos seguramente marcará la agenda de cientos de abogados defensores en todo el país, quienes ya están revisando sus expedientes buscando ampararse en el nuevo piso de 100 millones de pesos para cerrar causas que, hasta hace apenas unos meses, parecían sentenciadas.