La muerte de Rodrigo Andrés Gómez, un joven soldado de 21 años, ha sacudido a la opinión pública y ha encendido las alarmas en el Congreso de la Nación. Su trágico final, producto de una extorsión despiadada orquestada desde las paredes de una cárcel bonaerense, ha puesto de manifiesto una realidad alarmante: las prisiones se han convertido en centros de operaciones para el crimen digital. Ahora, una iniciativa legislativa busca ponerle un freno a esta escalada delictiva, proponiendo la prohibición total de celulares en los penales de todo el país.
La diputada nacional Silvana Giudici, autora del proyecto de ley, advierte que “los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”. La legisladora argumenta que las estructuras del crimen organizado y las bandas dedicadas a la extorsión y las estafas digitales se han visto favorecidas por decisiones que, bajo la excusa de la pandemia de COVID-19, permitieron el uso de teléfonos celulares en las prisiones. Esta flexibilización, que buscaba mantener el contacto de los internos con sus familias durante las restricciones de visitas, ha abierto una puerta a la impunidad y ha facilitado la comisión de delitos a gran escala.
El proyecto de ley propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios. La iniciativa no solo prohíbe la tenencia y el uso de estos dispositivos, sino también su facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio. Se contemplan sanciones más duras para quienes infrinjan esta norma, incluyendo la posesión, el ocultamiento o el intento de acceso a internet por fuera de los sistemas controlados.
Sin embargo, el proyecto contempla una excepción limitada: el uso de equipamiento informático autorizado por las autoridades penitenciarias para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo condiciones de uso controlado. Esta excepción busca garantizar que los internos puedan acceder a oportunidades de formación y capacitación que les permitan reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena.
El caso de Rodrigo Gómez es un ejemplo desgarrador de la vulnerabilidad que genera esta situación. El joven soldado, que se encontraba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil falso creado por la banda delictiva. Bajo el nombre de “Julieta”, los estafadores lograron ganarse la confianza de Gómez y lo sometieron a una extorsión implacable, amenazándolo con difundir imágenes íntimas y acusándolo falsamente de haber mantenido una relación con una menor de edad.
La investigación, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, reveló que la banda operaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde los internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar los perfiles falsos, grabar audios amenazantes, realizar llamadas y administrar el dinero obtenido a través de las estafas. Se determinó que la organización utilizaba cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda para recibir los pagos de las víctimas y luego fragmentar y redistribuir el dinero para dificultar su rastreo.
La diputada Giudici insiste en que el episodio de Gómez marca un límite. “Lo que pasó con Rodrigo demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”, afirma. La legisladora considera que es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y se espera que sea debatido y votado en las próximas semanas. Su aprobación podría significar un paso importante en la lucha contra el crimen digital y en la protección de las víctimas de extorsión. Sin embargo, la implementación efectiva de la ley requerirá de una inversión significativa en tecnología y personal para garantizar el control de las cárceles y evitar que los internos sigan utilizando celulares de manera ilegal.
La problemática no es nueva. Antes de 2020, el régimen penitenciario mantenía una postura restrictiva respecto al uso de celulares. La pandemia, sin embargo, cambió el panorama, y la habilitación del uso de estos dispositivos, aunque con buenas intenciones, abrió la puerta a la expansión de delitos complejos. Ahora, el Congreso busca revertir esta situación y devolver a las cárceles el control que habían perdido.