La Superintendencia de Electricidad (SEC) se encuentra bajo escrutinio público tras revelarse una demora de casi un año en la orden de pago de una deuda de más de 800 millones de dólares a las empresas distribuidoras de energía. Esta dilación, que se extendió por 294 días, ha generado preocupación entre los consumidores, quienes temen un aumento considerable en sus próximas facturas de electricidad.
El problema se origina en el proceso de reliquidación de tarifas, un mecanismo necesario para ajustar los precios de la energía a las condiciones del mercado y a los costos reales de distribución. Este proceso se activa cuando existe un desfase entre la fecha en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) fija una nueva tarifa y el momento en que las empresas distribuidoras comienzan a cobrarla a los usuarios. Normalmente, este desfase se mide en meses, pero en el caso reciente, se prolongó por varios años, acumulando una deuda sustancial.
La CNE es el organismo encargado de establecer el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa el precio que las empresas distribuidoras cobran por el servicio de transportar la energía hasta los hogares y negocios. Una vez que la CNE fija el VAD, la SEC debe emitir la orden correspondiente para que las distribuidoras ajusten sus facturas y comiencen a cobrar el nuevo valor. Sin embargo, en esta ocasión, la SEC tardó casi un año en hacerlo.
El decreto supremo que autorizaba la reliquidación fue publicado en el Diario Oficial el 21 de abril de 2025, pero la SEC no emitió la orden a las distribuidoras hasta el 9 de febrero de 2026. Esta demora es particularmente alarmante si se compara con el promedio histórico de los procesos de reliquidación, que es de apenas 32 días. En 2013, la SEC incluso logró completar un proceso de reliquidación en tan solo un día.
Expertos en el sector energético señalan que la demora de la SEC podría tener consecuencias negativas para los consumidores. Al retrasar el cobro de la deuda, la SEC permitió que esta se acumulara, lo que ahora obliga a las distribuidoras a recuperar el dinero en un período de tiempo más corto, lo que inevitablemente se traducirá en facturas más altas. Además, la falta de transparencia en el proceso de reliquidación ha generado desconfianza entre los usuarios, quienes se sienten desinformados y vulnerables.
La SEC ha defendido su actuación argumentando que la complejidad del proceso de reliquidación y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica justifican la demora. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los críticos, quienes señalan que la SEC tiene la obligación de actuar con mayor diligencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El caso ha generado un debate sobre la necesidad de reformar el marco regulatorio del sector eléctrico y fortalecer la capacidad de la SEC para supervisar y controlar a las empresas distribuidoras. Algunos expertos proponen la creación de un organismo independiente encargado de la regulación del sector, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la protección de los derechos de los consumidores.
La situación actual plantea un desafío importante para el gobierno, que debe tomar medidas urgentes para mitigar el impacto del aumento de las tarifas en los hogares y negocios. Entre las posibles medidas se encuentran la implementación de subsidios para los consumidores más vulnerables, la promoción de la eficiencia energética y la inversión en energías renovables.
En resumen, la demora de la SEC en la orden de pago de la deuda de US$800 millones es un claro ejemplo de la ineficiencia y la falta de transparencia que aquejan al sector eléctrico. Esta situación exige una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades, con el fin de proteger los derechos de los consumidores y garantizar un suministro de energía confiable y asequible.