Tras una serie de negociaciones, el Gobierno argentino está ultimando los detalles del decreto que disolverá el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), conocido como IOSFA. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad se prepara para lanzar una licitación entre las principales prepagas del país, con el objetivo de crear la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Según fuentes oficiales, el decreto está listo para ser firmado por el presidente Javier Milei, aunque su regreso al país, previsto para el próximo viernes, podría retrasar la formalización. La determinación del Ejecutivo busca segmentar la tercera obra social más cuantiosa del país, que actualmente alberga a más de 600.000 afiliados (activos y pasivos) y enfrenta una deuda superior a los $200 mil millones, además de presentar deficiencias en la prestación de servicios.
La administración liberaria ha admitido que la disolución de IOSFA en Prefectura y Gendarmería es inminente, y que el Ministerio de Defensa pasará a asumir la cobertura para el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras que el de Seguridad Nacional se encargará de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.
Si bien el Ministerio de Defensa no contempla la disolución total de la obra social, argumentando que la mejor opción es potenciar la red de hospitales militares, ambas carteras coinciden en la prioridad de solucionar el conflicto y atender los atrasos en la escala salarial. La nueva obra social, que inicialmente se enfocará en la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, podría expandirse en el futuro a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La cartera de Economía, liderada por Luis Caputo, está en control de la situación financiera, aunque se atribuye la mayor parte de la deuda a las prestaciones de Prefectura y Gendarmería. Se prevé una ‘IOSFA residual’ hasta la regularización de la prestación, mientras que las autoridades advierten sobre la necesidad de una solución integral y la búsqueda de fondos para cubrir el déficit. Patricia Bullrich, quien lideró la gestión hasta diciembre, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, han trabajado en la tarea, coordinando con expertos y autoridades del Palacio de Hacienda.