El Gobierno nacional ha intervenido en la política tarifaria de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), estableciendo límites a los aumentos mensuales del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta agosto de 2026. La medida, formalizada a través de la Resolución 14/2026 publicada en el Boletín Oficial, busca mitigar el impacto de la inflación en las facturas de los usuarios, al tiempo que garantiza la sostenibilidad económica de la concesionaria.
La decisión surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento generalizado de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. AySA, como proveedor de un servicio esencial, se enfrenta al desafío de mantener la calidad del suministro y realizar las inversiones necesarias para la mejora de la infraestructura, sin trasladar íntegramente al usuario los costos asociados a la inflación.
Según la resolución, los aumentos mensuales estarán topados en un 4% entre enero y abril de 2026. A partir de mayo, este tope se reducirá al 3% mensual, siempre y cuando el mecanismo oficial de actualización, basado en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, arroje un valor inferior. Esto implica que, si la inflación proyectada para esos meses fuera menor al 3%, los aumentos serán aún más moderados.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) será el encargado de monitorear el cumplimiento de estos límites a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026. Estos informes deberán detallar la situación económico-financiera de la empresa, incluyendo sus ingresos, gastos, inversiones y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Transición aprobado para el período 2024-2026.
El proceso de revisión tarifaria se inició en 2024, cuando AySA presentó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas. Si bien el marco regulatorio no exigía la realización de una audiencia pública, las autoridades decidieron convocar a la ciudadanía para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de incremento y sus fundamentos. Esta decisión refleja una mayor transparencia en la gestión de los servicios públicos y una mayor participación de la sociedad en las decisiones que afectan su bolsillo.
En 2024 y 2025, el Gobierno había limitado de manera excepcional los aumentos mensuales al 1% y luego estableciendo un tope progresivo, con el objetivo de evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios. Sin embargo, la persistencia de la inflación y el atraso tarifario de AySA llevaron a la necesidad de establecer un nuevo esquema que permita a la empresa recuperar su capacidad de inversión y garantizar la calidad del servicio.
AySA, por su parte, ha reconocido la existencia de un atraso tarifario y la necesidad de alcanzar los niveles previstos. Para ello, la empresa acordó renunciar a los ingresos no facturados durante 2025 y asumir el costo de la gradualidad en 2026, lo que se reflejará en su balance contable.
El Programa de Tarifa Social se mantiene como un resguardo para los hogares de menores ingresos, garantizando descuentos y neutralizando el impacto de las subas para quienes más lo necesitan. El ERAS ha dispuesto que los beneficios alcancen tanto a los beneficiarios actuales como a aquellos que se incorporen en lo sucesivo, hasta la fecha de renovación o cese del subsidio.
La implementación de esta nueva política tarifaria representa un desafío para todas las partes involucradas. El Gobierno deberá garantizar el cumplimiento de los límites establecidos y asegurar la transparencia en la gestión de los recursos. AySA deberá optimizar sus costos y realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio. Y los usuarios deberán adaptarse a los nuevos precios, al tiempo que exigen una mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio.
En definitiva, la limitación de los aumentos de AySA hasta agosto de 2026 es una medida que busca equilibrar la sostenibilidad económica de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a la inflación. Su éxito dependerá de la capacidad de todas las partes involucradas para trabajar en conjunto y encontrar soluciones que permitan garantizar el acceso a un servicio esencial de calidad a un precio justo.