El gobierno de Javier Milei se prepara para implementar una serie de cambios significativos en el sector energético, con un nuevo proyecto de ley que promete reconfigurar el mapa de los subsidios al gas y modificar el alcance de la controvertida 'Zona Fría'. La iniciativa, liderada por el ministro del Interior, Diego Santilli, busca aliviar la presión sobre las finanzas públicas en un momento de volatilidad internacional, exacerbada por la creciente tensión en Oriente Medio y su impacto en los precios del petróleo y el gas.
La propuesta central del proyecto radica en la reducción del número de hogares que reciben subsidios en la factura del gas. Actualmente, el sistema de subsidios es amplio y abarca a una gran parte de la población, lo que representa una carga considerable para el Estado. El gobierno argumenta que esta situación es insostenible y que es necesario focalizar los beneficios en aquellos que realmente los necesitan.
Sin embargo, esta medida no está exenta de controversia. Los gobernadores provinciales han expresado su preocupación por el impacto que la reducción de subsidios podría tener en sus economías y en el acceso a la energía de sus ciudadanos, especialmente en las regiones más frías del país, donde la calefacción es esencial durante el invierno. La 'Zona Fría', un régimen de beneficios fiscales e impositivos diseñado para compensar los mayores costos de calefacción en estas regiones, es uno de los puntos centrales del debate.
El proyecto de ley propone una revisión del concepto de 'Zona Fría', limitando su alcance a las provincias patagónicas, tal como se establecía en la ley original de 2002. En 2021, una modificación legislativa amplió significativamente el beneficio a otras provincias, como Río Negro, la costa atlántica, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y casi toda Mendoza, lo que elevó el número de hogares beneficiarios de 950.000 a cerca de 4 millones, representando casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El gobierno considera que esta expansión fue excesiva y que es necesario volver a los criterios originales.
Además de la revisión de la 'Zona Fría', el proyecto incluye la reactivación de puntos que no fueron aprobados en el Presupuesto 2026, como la modificación del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672. Estos cambios buscan darle al Poder Ejecutivo mayor flexibilidad para gestionar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y ajustar los mecanismos de financiamiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con facultades para aumentar el recargo sobre el precio del gas natural en un 50%, lo que podría generar un incremento en las tarifas. Si bien el gobierno asegura que el impacto en la boleta no será significativo, la posibilidad de un aumento genera incertidumbre entre los consumidores.
La iniciativa también contempla cambios en el mecanismo de financiamiento del Fondo Fiduciario de Zonas Frías, permitiendo al Poder Ejecutivo modificar el recargo aplicado sobre el precio del gas natural. Además, se busca establecer un nuevo régimen de compensaciones basado en criterios de equidad y uso racional de la energía.
El proyecto de ley se encuentra en etapa de redacción y aún no ha sido presentado al Congreso. Se espera que su tratamiento genere un intenso debate entre el oficialismo y la oposición, así como con los gobernadores provinciales. La implementación de estos cambios podría tener un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente en las regiones más frías del país.
La decisión del gobierno de avanzar con esta reforma energética se enmarca en su política de ajuste fiscal y su búsqueda de reducir el déficit público. Sin embargo, la medida podría generar tensiones sociales y políticas, especialmente si se percibe como un recorte excesivo de los subsidios y un aumento de las tarifas. El futuro de la 'Zona Fría' y el acceso a la energía para los hogares más vulnerables están en juego.