La torre de YPF en Puerto Madero se erige hoy como un símbolo de victoria. Un fallo judicial, calificado como histórico y sorpresivo, ha otorgado a Argentina un triunfo resonante en la larga y costosa batalla legal por la expropiación de YPF. El gobierno de Javier Milei celebra un logro que, si bien se esperaba, no se preveía con tanta contundencia. Funcionarios admiten que incluso un resultado menos favorable habría sido aceptado, pero la anulación total del fallo original de la jueza Loretta Preska ha desatado una ola de optimismo y alivio.
La demanda, que se extendía por años y siempre había resultado adversa para el país, había preparado al equipo legal argentino para gestionar escenarios menos favorables. Un fallo a medio camino, que simplemente instara a la jueza Preska a revisar el cálculo del resarcimiento, habría sido recibido con cautela, pero también con satisfacción. Sin embargo, la victoria total ha generado un ambiente de euforia en Casa Rosada.
El éxito no es fruto del azar. El gobierno argentino atribuye el resultado a una estrategia técnica y diplomática meticulosamente elaborada durante el último año. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzabal Murphy, jugaron un papel crucial en el diseño de esta estrategia. Pero el factor determinante, según fuentes gubernamentales, fue el apoyo tácito pero efectivo del gobierno de Estados Unidos.
El documento clave en este proceso fue una presentación de 29 páginas realizada por el Departamento de Justicia (DoJ) del gobierno de Donald Trump ante la jueza Preska. Si bien EEUU no participó directamente en la apelación del caso, el documento fijó una posición clara sobre cuestiones de soberanía y las relaciones con aliados, que podrían verse afectadas por un fallo adverso para Argentina. La presentación no fue como “amicus curiae” (amigo del tribunal), sino una presentación de interés espontánea, lo que le otorgó mayor peso.
El DoJ argumentó que un litigio en tribunales estadounidenses contra estados extranjeros puede tener implicaciones significativas en materia de política exterior, afectando el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones. También señaló que los esfuerzos de Argentina para cumplir con los requerimientos de información (discovery) eran incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad en litigios contra estados soberanos. Además, cuestionó la solicitud de sanciones pecuniarias por desacato contra Argentina, considerándola contraria a los principios de cortesía internacional.
Este apoyo estadounidense se manifestó también en la audiencia programada para el 16 de abril, donde se discutiría la entrega del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo original y la solicitud de acceso a chats de funcionarios y exfuncionarios. El DoJ solicitó participar activamente en la audiencia para defender la posición argentina, un hecho sin precedentes. La audiencia finalmente no se realizó, ya que la Cámara de Apelaciones suspendió todas las causas paralelas a la espera del fallo principal.
El fallo de la Cámara de Apelaciones, según expertos, se centra en la página 50 del texto, donde los jueces reconocen que Argentina violó los estatutos de YPF al renacionalizar la empresa en 2012. Sin embargo, argumentan que esta violación no otorga a los demandantes el derecho a buscar reparación en los tribunales estadounidenses, ya que la ley argentina no ofrece un remedio equivalente. Los jueces sugieren que los demandantes podrían haber recurrido a los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos, pero estas acciones locales no prosperaron.
La victoria argentina también tiene implicaciones para Burford Capital, el fondo de litigios que compró los derechos a litigar en este caso hace una década. La empresa ha sufrido un duro golpe financiero, con una caída del 50% en el valor de sus acciones. Burford había valorado la demanda en al menos USD 1.200 millones, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de perder la totalidad de su inversión. La empresa ha anunciado que apelará el fallo ante la Corte Suprema de EEUU y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
El caso YPF ha sido un proceso traumático para Argentina, que ha generado un daño reputacional significativo. La expropiación de 2012, liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, fue criticada por inversores y analistas, quienes argumentaron que socavó la confianza en el país y limitó su acceso a los mercados internacionales. El presidente Milei ha aprovechado la oportunidad para criticar a sus predecesores, acusándolos de haber llevado al país al borde del colapso económico.
La victoria en el litigio YPF representa un respiro para Argentina, que necesita desesperadamente atraer inversiones y mejorar su imagen internacional. El fallo podría tener un impacto positivo en el riesgo país y en la valuación de YPF, facilitando la búsqueda de capitales para el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, el camino hacia la recuperación económica aún es largo y lleno de desafíos.