El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó una medida cautelar solicitada por la Central General de Trabajadores (CGT) en relación con la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, y el Convenio de Transferencia de la Función Judicial al ámbito de la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo, firmado por el titular del juzgado, Enrique Lavié Pico, quien previamente rechazó dos amparos contra el Decreto Número 70/2023, indica que este tipo de medidas cautelares innovadoras son de aplicación excepcional, ya que alteran el estado de hecho o de derecho vigente. El juez consideró que la solicitud de la CGT, que buscaba suspender la aplicación de la ley y el convenio, coincide en la práctica con el objeto principal de la demanda. Además, la CGT había solicitado que se prescinda del informe previsto en el artículo 4° de la Ley 26.
854, argumentando que el Estado Nacional, como parte, representa a un grupo vulnerable. Sin embargo, Lavié Pico señaló que la vía sumarísima elegida –acción de amparo– asegura una decisión pronta sobre el fondo del asunto, evitando la necesidad de una medida cautelar preventiva. Se librará un oficio al Estado Nacional para que presente el informe correspondiente en un plazo de 5 días, y se requerirá a la CGT que adjunte copias digitales de la documentación presentada. La CGT ha manifestado su intención de continuar con el reclamo judicial.
La resolución remarcó que la acción de amparo ofrece una resolución rápida del caso, disminuyendo la necesidad de medidas cautelares preventivas.