La economía argentina se enfrenta a un desafío persistente: una presión fiscal que asfixia a las empresas y limita el crecimiento. Un reciente informe de la consultora KPMG, basado en una encuesta a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes, confirma lo que muchos ya sospechaban: el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) es el principal dolor de cabeza para el sector empresarial. Este impuesto, que recae sobre cada transacción comercial, se considera un “impuesto en cascada” que incrementa los costos de producción de manera significativa, mucho más allá de lo que sugieren sus alícuotas nominales.
La undécima “Encuesta Anual” de impuestos de KPMG revela que el 60,81% de los encuestados considera que el IIBB es el impuesto que más impacta en los precios de los productos y servicios. Esta cifra ha aumentado considerablemente respecto al 54% registrado el año pasado, lo que evidencia una creciente preocupación por el impacto de este gravamen en la economía. La encuesta, que analiza la situación de 2025 y las perspectivas para 2026, también revela que el 35,14% de las empresas se vieron obligadas a desinvertir debido al marco fiscal, mientras que el 60,81% mantuvo sus inversiones sin cambios.
Pero la historia no termina ahí. La provincia de Buenos Aires se consolida como la jurisdicción más gravosa del país, liderando el ranking de presión fiscal. El 83,78% de las empresas encuestadas reportan saldos a favor de Ingresos Brutos, resultado de la proliferación de regímenes de retención y la complejidad del sistema tributario provincial. Esta situación genera un perjuicio financiero para las empresas, que deben gestionar la devolución de impuestos pagados en exceso.
En cuanto a la percepción de las instituciones fiscales, la Corte Suprema se destaca como la más objetiva, obteniendo una calificación de 6,24 sobre 10. El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, es visto como el mejor interlocutor para abordar las problemáticas impositivas que afectan a la actividad económica. Sin embargo, la encuesta revela una falta de confianza en las agencias fiscales provinciales, con ARBA (Administración Tributaria de la Provincia de Buenos Aires) recibiendo una calificación de apenas 3,93.
Las perspectivas para 2026 no son alentadoras. El 57,97% de los encuestados cree que la presión fiscal se mantendrá en los mismos niveles, mientras que solo un pequeño porcentaje espera una reducción. A pesar de esto, la mayoría de las empresas (81,16%) planea mantener sus inversiones, aunque un 8,7% incluso considera aumentarlas. Sin embargo, el 88,41% de los encuestados no advierte interés por parte de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar la inversión.
La solución más votada por los encuestados para facilitar las decisiones de inversión es el replanteo del Impuesto a los Ingresos Brutos, seguido por la simplificación tributaria. Sin embargo, el 88,41% de los encuestados considera que no existe predisposición en las provincias para avanzar en reformas de las leyes de coparticipación y gravámenes provinciales. Esta falta de voluntad política dificulta la implementación de medidas que podrían mejorar el clima de negocios y estimular el crecimiento económico.
El rechazo al Impuesto a los Ingresos Brutos sigue aumentando. Hace un año, el 54% de los encuestados lo consideraba el impuesto más perjudicial, mientras que este año la proporción ha crecido al 61%. Este rechazo es cinco veces mayor al que cosechó el IVA, un impuesto nacional que se ubica en segundo lugar con un 12,16%. Además, un 30% de los encuestados advirtió que el año pasado hubo aumentos de alícuotas en CABA, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, lo que agrava aún más la situación.
En resumen, la presión fiscal, especialmente la generada por el Impuesto a los Ingresos Brutos, sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico de Argentina. La falta de incentivos provinciales, la complejidad del sistema tributario y la escasa predisposición a reformar las leyes de coparticipación dificultan la creación de un clima de negocios favorable a la inversión y el crecimiento. La situación exige una revisión profunda del sistema tributario, con el objetivo de reducir la presión fiscal, simplificar los trámites y fomentar la competitividad.