La emblemática empresa de gaseosas Manaos se encuentra en una encrucijada financiera tras la confirmación de una indemnización millonaria a favor de un ex-vendedor. Orlando Canido, fundador y dueño de la compañía, confirmó con un lacónico “se pagará” que la empresa cumplirá con la orden judicial de desembolsar $807.676.293,72, una cifra que ha generado conmoción en el ámbito empresarial argentino.
El caso se remonta a una demanda por despido indirecto interpuesta por un ex-distribuidor que trabajó en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador alegó irregularidades en su registración laboral, denunciando que su relación laboral comenzó de facto en 2013, pero fue formalizada recién en 2015, utilizando modalidades de contratación que no reflejaban el vínculo laboral real. Además, la demanda incluía reclamos por descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.
Tras un largo proceso judicial, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael inicialmente fijó la indemnización en una cifra aún mayor, cercana a los $1.500 millones. Si bien la Suprema Corte de Justicia de Mendoza redujo el monto total al modificar la tasa de interés aplicada y considerar el perfil económico del demandante, el fallo definitivo, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultó ser devastador para Manaos.
Canido, visiblemente afectado, admitió no estar al tanto de la decisión final de la justicia. “El estudio jurídico está llevando todo adelante. No sé qué definió la Corte”, comentó inicialmente, mostrando una aparente desconexión con el avance del caso. Sin embargo, al ser informado por Infobae sobre el fallo definitivo, su resignación fue palpable. “Se pagará”, repitió, reconociendo el golpe financiero que la empresa deberá asumir.
El empresario ha expresado en reiteradas ocasiones su disconformidad con el sistema judicial laboral argentino, calificando el fallo original como “fuera de contexto” y cuestionando los criterios utilizados por los magistrados para llegar a una indemnización de tal magnitud. Según su versión, el ex-vendedor desempeñaba funciones de jefe de ventas y su antigüedad real era menor a la convalidada por la justicia. “Había trabajado unos seis años o siete años para mí, no sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, declaró Canido en una entrevista anterior.
Además, el empresario sugirió que el origen del conflicto podría estar relacionado con cambios en la organización territorial de la distribución. “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”, especuló.
Sin embargo, más allá de las especulaciones y las críticas al sistema judicial, la realidad es que Manaos se enfrenta a un desembolso significativo que podría poner en riesgo su viabilidad económica. La empresa deberá acreditar el depósito de los fondos ante el tribunal interviniente en un plazo de cinco días hábiles, bajo pena de acumular intereses diarios adicionales.
El caso de Manaos no es aislado. En los últimos tiempos, se han registrado otros fallos judiciales con indemnizaciones millonarias que han generado preocupación en el sector empresarial. Los empresarios argumentan que la legislación laboral argentina es excesivamente protectora con los trabajadores y que la litigiosidad es un problema estructural que perjudica la actividad productiva.
Canido ha enfatizado en diversas ocasiones que la legislación vigente permite a los empleados iniciar juicios laborales con escasas pruebas y obtener indemnizaciones desproporcionadas. “Hoy un empleado que trabaja un año por cualquier motivo manda una carta documento y se considera despedido. Ve la posibilidad de ganar plata sin trabajar y no lo duda un segundo. Trata de sacar el mejor provecho”, sentenció el empresario.
El futuro de Manaos pende de un hilo. La empresa deberá implementar medidas urgentes para mitigar el impacto financiero de la indemnización y evitar una crisis mayor. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de la compañía y su capacidad para competir en un mercado cada vez más exigente. El caso Manaos se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre el derecho laboral y la viabilidad empresarial en Argentina, y seguramente generará un debate profundo sobre la necesidad de reformar el sistema laboral para encontrar un equilibrio más justo y equitativo.