La promesa de un Chile más ágil para la inversión se enfrenta a una creciente controversia. El gobierno, en su afán por desmantelar lo que denomina "permisología", está reconfigurando el Consejo de Monumentos Nacional (CMN), el organismo encargado de salvaguardar el patrimonio cultural del país. La reforma, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, ha desatado una ola de críticas por la posible erosión de la protección cultural, especialmente en lo que respecta a la inclusión de las voces y los derechos de los pueblos originarios.
Durante la campaña presidencial, el CMN fue blanco de acusaciones de obstaculizar el desarrollo, con ejemplos tan llamativos como la supuesta detención de obras por el hallazgo de objetos cotidianos como "tapitas de Coca-Cola". Estas acusaciones, aunque exageradas, alimentaron un discurso que presentaba al CMN como un freno burocrático a la inversión. La administración actual ha retomado esta narrativa, argumentando que los tiempos de respuesta del Consejo son excesivos y que sus criterios son, en ocasiones, infundados. El caso de la ampliación del Metro de Santiago, donde el CMN habría impuesto requerimientos innecesarios, se ha convertido en un ejemplo recurrente en este debate.
La Ley de Patrimonio Cultural que reforma el funcionamiento del CMN busca, fundamentalmente, agilizar la toma de decisiones y redefinir dónde se lleva a cabo el trabajo técnico. Sin embargo, la propuesta original, presentada por el gobierno anterior, contemplaba elementos adicionales que ahora parecen estar en peligro. Uno de ellos era la introducción del concepto de "patrimonio inmaterial" como un elemento central de la protección cultural. Este concepto abarca expresiones, rituales, conocimientos ancestrales y otras manifestaciones culturales no tangibles que son fundamentales para la identidad de los pueblos. La otra idea clave era la ampliación del Consejo, pasando de 27 a 30 integrantes, con el objetivo de incorporar nuevas perspectivas y voces.
La propuesta de ampliación incluía la adición de representantes de los pueblos originarios, antropólogos, la Cineteca Nacional y un representante afrodescendiente para casos particulares. La intención era garantizar una representación más diversa y equitativa en la toma de decisiones, reconociendo la importancia de las diferentes culturas y conocimientos que conforman la identidad chilena. Sin embargo, estas ideas han ido perdiendo fuerza en el debate legislativo, generando preocupación entre los defensores del patrimonio cultural y los representantes de los pueblos originarios.
El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, ha aplicado urgencia al proyecto de ley, buscando acelerar su aprobación en el Congreso. No obstante, la oposición ha advertido que no permitirá que la reforma se lleve a cabo a expensas de la protección del patrimonio cultural y los derechos de los pueblos originarios. Se anticipa una fuerte discusión en torno a estos temas, con el riesgo de que la búsqueda de eficiencia económica comprometa la preservación de la identidad cultural del país.
La controversia plantea una pregunta fundamental: ¿Es posible conciliar el desarrollo económico con la protección del patrimonio cultural? ¿O se trata de una falsa dicotomía en la que el progreso se impone a cualquier costo? La respuesta a esta pregunta determinará el futuro del patrimonio cultural chileno y la forma en que se reconoce y valora la diversidad cultural del país. La falta de representación de los pueblos originarios en la toma de decisiones podría llevar a la pérdida de conocimientos ancestrales y a la destrucción de sitios sagrados, con consecuencias irreparables para la identidad cultural de Chile. La sociedad civil y las organizaciones defensoras del patrimonio cultural están llamando a la reflexión y al diálogo, instando al gobierno a reconsiderar su enfoque y a garantizar una protección efectiva del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio inmaterial y los derechos de los pueblos originarios.