La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta su primer gran obstáculo judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, ha suspendido la aplicación de artículos clave de la ley, generando una profunda incertidumbre sobre el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo, concebido como el pilar central de la reforma, busca reemplazar la indemnización por despido tradicional, aliviando la carga para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y, según las expectativas del ministro de Economía, Luis Caputo, dinamizar el mercado de capitales.
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato del país, fue la impulsora de la acción judicial, solicitando una declaración de inconstitucionalidad para aquellos artículos que modifican leyes laborales históricas en Argentina. La medida cautelar, anunciada el lunes pasado, ha inyectado un clima de tensión en el sector financiero, que observa con preocupación cómo se dilatan las definiciones sobre la operativa del FAL.
El gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, ha respondido rápidamente anunciando que apelará la decisión judicial. Paralelamente, se ha comprometido a continuar con la elaboración de la normativa reglamentaria, con el objetivo de mantener el cronograma oficial y los planes vinculados al fondo. Sin embargo, el proceso de reglamentación es complejo y requiere varios pasos previos, según fuentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En primer lugar, se necesita el decreto reglamentario de la ley. Luego, deberán dictarse resoluciones por parte del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Solo una vez cumplidas estas etapas, la CNV podrá publicar su normativa en el Boletín Oficial, habilitando así la puesta en marcha del FAL.
La cautelar judicial ha generado diversas reacciones en el mercado financiero. Representantes de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), en diálogo reservado con Infobae, han calificado la medida como una “traba política” y han manifestado su preocupación por los plazos. La Ley 27.082 establece que el esquema debe estar operativo para el 1° de junio, lo que ejerce una fuerte presión sobre los operadores del mercado.
Si bien algunos actores del mercado temen un retraso significativo, otros se muestran más optimistas, confiando en que la apelación del gobierno pueda revertir la situación. Una fuente dentro de una sociedad de bolsa sostuvo que, en principio, la cautelar no afectaría el avance del proceso, siempre y cuando el Ministerio de Capital Humano logre prosperar con su recurso.
En una reciente reunión encabezada por el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, con representantes de fondos comunes de inversión, fiduciarios financieros, agencias de liquidación y compensación, y cámaras del sector, se comprometió la publicación de una resolución parcial en el Boletín Oficial en los próximos 15 días. Esta resolución permitiría a los fondos comunes de inversión y las sociedades de bolsa avanzar en sus preparativos previos a la entrada en vigencia del FAL.
Uno de los aspectos clave establecidos por la Ley 27.082 es que los fondos y fideicomisos no podrán cobrar más del 1% por honorario de administración total. Además, se estima que el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos, lo que podría generar una importante inyección de capital al mercado de capitales, estimada entre USD 2.500 millones y USD 5.000 millones por año. Sin embargo, según agentes del mercado local, no se autorizaría la inversión en Cedears.
La indefinición normativa genera preocupación entre los distintos segmentos del sistema financiero, que deben prepararse para operar un fondo cuya reglamentación y cronograma aún no están definidos. La combinación de disputas judiciales, demoras administrativas y superposición de competencias entre organismos estatales mantiene al sector en constante alerta. La apelación del gobierno y la expectativa por la publicación de los instrumentos legales que habiliten la intervención de la CNV son ahora los focos de atención. El corto plazo para la implementación y la falta de definiciones mantienen un margen de maniobra reducido para los agentes del mercado, que se enfrentan a un escenario de demoras, expectativas y tensión política.