La economía argentina enfrenta un panorama complejo, con una inflación persistente y una recaudación tributaria en declive. En este contexto, la demora en la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Inversiones Productivas (RIMI) genera una creciente preocupación en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Sancionada hace más de un mes como parte de la Ley de Modernización Laboral, el RIMI prometía ser un catalizador para la inversión privada, pero su implementación se ha visto obstaculizada por análisis del costo fiscal por parte del Poder Ejecutivo.
El RIMI, concebido como una versión “mini” del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), busca estimular la actividad productiva en las PyMEs, ofreciendo beneficios fiscales atractivos. La idea central es incentivar a las empresas a invertir en bienes de capital, obras de infraestructura y tecnología, contribuyendo así al crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, la falta de una reglamentación clara y precisa genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones por parte de los empresarios.
Según fuentes oficiales, la demora se debe a la necesidad de evaluar cuidadosamente el impacto fiscal del régimen, especialmente en un contexto de caída de la recaudación tributaria. El Ministerio de Economía, a través de su área de Ingresos Públicos, está analizando los beneficios impositivos contemplados en el RIMI y su posible efecto en las arcas del Estado. Si bien existe optimismo en algunos sectores, con la expectativa de que la normativa se publique en breve, la realidad es que el tiempo apremia.
El plazo para realizar las inversiones ya comenzó a correr desde el 6 de marzo de 2026, otorgando a las empresas un período de dos años para cumplir con los requisitos y acceder a los beneficios. Esto significa que las PyMEs que deseen aprovechar el RIMI deben planificar sus inversiones con anticipación, pero la falta de reglas claras dificulta esta planificación.
El RIMI se dirige a micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo aquellas del tramo 2, que realicen inversiones productivas. Se consideran inversiones productivas la adquisición de bienes muebles nuevos, la fabricación, la elaboración o la importación de bienes amortizables, así como la ejecución de obras destinadas a actividades productivas en el país. Quedan excluidos los activos financieros, los bienes de cambio y los automóviles.
El régimen también contempla casos especiales, como sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y semovientes, que pueden acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir con los montos mínimos de inversión. Esto representa una oportunidad para las PyMEs de sectores específicos, como el agropecuario, que pueden realizar inversiones más modestas y aún así acceder a los incentivos fiscales.
En materia de beneficios fiscales, el RIMI prevé dos medidas centrales: la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. La amortización acelerada permite a las empresas deducir el gasto de la inversión en plazos más cortos que los del régimen general, lo que reduce su carga impositiva. La devolución anticipada del IVA, por su parte, evita que los saldos a favor queden inmovilizados, mejorando el flujo de caja de las empresas.
Sin embargo, el tributarista Sebastián Domínguez advierte que, pese a la falta de reglamentación, las empresas que inviertan antes de que se dicte la normativa, en la medida que cumplan los requisitos legales, deberían poder gozar de los beneficios. No obstante, también señala que los montos exigidos para acceder al régimen podrían ser un obstáculo para algunas PyMEs, especialmente aquellas del sector servicios, donde la inversión requerida representa una proporción significativa de su facturación.
Otro punto de debate es la exclusión de quienes accedieron a otros regímenes de incentivos. Si bien es lógico evitar la duplicación de beneficios, algunos expertos consideran que podría ser necesario flexibilizar esta restricción para permitir que las empresas que ya han realizado inversiones en el pasado puedan acceder a los beneficios del RIMI.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) valoran la iniciativa como una herramienta relevante para fomentar inversiones en el segmento PyME, pero también han planteado propuestas para su implementación, como la necesidad de que el mecanismo sea ágil y sencillo, basado en declaraciones juradas en lugar de expedientes burocráticos. Asimismo, han insistido en la importancia de promover inversiones en eficiencia energética sin montos mínimos, y en la necesidad de una devolución rápida y automática del IVA.
En definitiva, el RIMI representa una oportunidad para impulsar la inversión privada en las PyMEs y contribuir al crecimiento económico del país. Sin embargo, su éxito depende de una reglamentación clara, precisa y oportuna, que brinde certidumbre a los empresarios y les permita planificar sus inversiones con confianza. La demora en la implementación del régimen genera incertidumbre y podría frenar las inversiones, perdiendo así una valiosa oportunidad para reactivar la economía.