La guerra en Medio Oriente y la consiguiente volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional han puesto en alerta a consumidores y gobiernos de todo el mundo. En Argentina, si bien las petroleras han intentado moderar las subidas, el precio de la nafta ha acumulado un aumento cercano al 20% en el último mes. Pero el factor que complica aún más la ecuación y que a menudo pasa desapercibido para el usuario promedio son las tasas viales, impuestos locales que se aplican a cada litro de combustible y que varían significativamente de un municipio a otro.
Estas tasas, implementadas por los gobiernos locales, se suman al precio base de la nafta y pueden representar un porcentaje considerable del costo final. Algunos municipios optan por aplicar un porcentaje sobre el valor de venta al público, mientras que otros establecen un monto fijo por litro. Esta diversidad de criterios genera una dispersión de precios que puede confundir y perjudicar a los consumidores.
Según un relevamiento realizado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), el recargo por tasas viales puede oscilar entre menos del 1% y más del 4,5% sobre el precio de la nafta. Esto se traduce en incrementos de hasta $4.500 por un tanque de 50 litros, una diferencia considerable que puede afectar significativamente el presupuesto familiar.
La situación es particularmente notoria en el conurbano bonaerense, donde hasta 20 municipios aplican recargos que varían considerablemente. En Marcos Paz, la tasa es de 0,8% ($16 por litro), mientras que en José C. Paz se alcanza el máximo del relevamiento con $30 por litro. Otros municipios como Tigre y Escobar aplican una tasa de 0,9% ($18 por litro), Las Heras cercana al 1% ($20), Hurlingham 1,44% ($28,8) y La Matanza 1,5% ($30 por litro). La modalidad de recargo también varía: algunos municipios establecen un porcentaje, otros un monto fijo. Junín aplica $8,30 fijos, General Rodríguez $10 y Campana $4.
Pero la disparidad no se limita a la provincia de Buenos Aires. En Jujuy, ciudades como San Pedro y San Salvador de Jujuy mantienen una tasa del 1,8% ($36 por litro). En Neuquén, localidades como Centenario, Cutral Co y Plottier llegan al límite nacional con un tributo del 4,5% ($90 por litro), igualado por Cipolletti en Río Negro. En Santa Fe, Rosario y Funes se mantienen en un 1,6% ($32 por litro).
Afortunadamente, algunos municipios como Vicente López y Bahía Blanca no aplican tasa vial alguna, lo que genera un incentivo para que los automovilistas de distritos vecinos crucen la jurisdicción para aprovechar precios más bajos. Esta situación, a su vez, influye en la competencia entre expendedores locales.
Cecha advierte que la acumulación de tributos locales introduce una heterogeneidad de precios difícil de justificar por diferencias logísticas o comerciales. La entidad sostiene que el precio que se abona en una estación de servicio de un municipio no debería tener relación con el precio que se paga por el mismo producto en otro municipio. Esta diferencia distorsiona la competencia y genera inequidad.
La tasa vial no está gravada en el impuesto nacional a los combustibles, pero se agrega como un sobreprecio variable según la voluntad recaudatoria de los gobiernos municipales. Esto afecta directamente el bolsillo de los usuarios, tanto en naftas como en gasoil, diésel y GNC.
El Gobierno nacional ha exigido a las estaciones de servicio incluir leyendas informativas en los surtidores y ha habilitado un portal en su sitio web para que los consumidores puedan consultar el monto de la tasa vial y, de ser necesario, efectuar el reclamo correspondiente. Sin embargo, la falta de transparencia y la complejidad del sistema siguen siendo un problema para los usuarios.
En definitiva, llenar el tanque de nafta se ha convertido en una verdadera ruleta rusa de impuestos. Los consumidores deben estar atentos a las tasas viales de su municipio y considerar la posibilidad de cruzar la jurisdicción para encontrar precios más convenientes. La situación exige una mayor transparencia y uniformidad en la aplicación de estos impuestos locales para evitar distorsiones en el mercado y proteger el bolsillo de los argentinos.