Diez años atrás, en abril de 2016, la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) irrumpió en el escenario financiero argentino como una promesa de facilitar el acceso a la vivienda. Diseñada para ajustar los créditos por inflación, la UVA buscaba proteger tanto a los prestamistas como a los prestatarios de los efectos corrosivos de la inestabilidad económica. Una década después, con más de 200.000 familias ya beneficiadas, la UVA se encuentra en una encrucijada, con un debate abierto sobre su sostenibilidad y su impacto real en la economía.
El contexto de su creación era claro: la necesidad de ofrecer una alternativa a los créditos hipotecarios tradicionales, que se veían erosionados por la inflación. La idea era simple: la cuota del crédito se ajustaría mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniendo así el poder adquisitivo del dinero. En la práctica, esto significaba que la cuota inicial era más accesible que la de un crédito en pesos, pero que podía aumentar significativamente en períodos de alta inflación.
Los créditos UVA tuvieron dos momentos de auge bien definidos. El primero, entre 2016 y 2018, durante la administración de Mauricio Macri, coincidió con una relativa estabilidad económica y una baja de las tasas de interés. El segundo, más reciente, a mediados de 2024, en el marco de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, impulsadas por una nueva reducción de tasas y la expectativa de controlar la inflación. En ambos casos, la UVA se presentó como una solución para aquellos que no podían acceder a un crédito tradicional.
Sin embargo, el camino no ha sido fácil. El pico inflacionario de la segunda mitad del gobierno de Macri puso a prueba la resistencia del sistema UVA, obligando a implementar refinanciaciones y topes para las cuotas. Los bancos públicos, que concentraban la mayor parte de los préstamos, extendieron los plazos para evitar un colapso del sistema. A pesar de las críticas y los reclamos de algunos sectores, los gobiernos optaron por mantener la UVA en pie, considerándola una herramienta útil para democratizar el acceso a la vivienda.
Una de las principales ventajas de la UVA es su baja morosidad, que ronda el 1%. Esto indica que los hogares priorizan el pago de sus cuotas, incluso en momentos de dificultades económicas. Sin embargo, esta baja morosidad no debe ocultar los riesgos que implica el ajuste por inflación. En períodos de alta volatilidad, las cuotas pueden aumentar de manera significativa, poniendo en peligro la capacidad de pago de las familias.
Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central y uno de los impulsores de la UVA, defiende la herramienta argumentando que es especialmente útil en países con alta inflación. “La clave es que el que presta quiere recuperar la plata. Si la inflación es alta, en un crédito a cuota fija en pesos tiene que recuperarlo los primeros 2 o 3 años, porque la cuota se va licuando. Entonces va a poner una cuota alta y nadie tendrá ingresos para calificar. En cambio, con UVA la cuota puede ser mucho más baja porque no se licúa”, explica Llach. Además, destaca que la UVA ha permitido que muchas familias accedan a la vivienda que de otra manera no podrían haber adquirido.
Sin embargo, la UVA también tiene sus detractores. Algunos argumentan que el ajuste por inflación es injusto para los prestatarios, ya que los obliga a pagar más cuando sus ingresos no aumentan al mismo ritmo. Otros señalan que la UVA fomenta la especulación inmobiliaria, ya que permite a los desarrolladores aumentar los precios de las propiedades.
En cuanto a los depósitos UVA, estos nunca han alcanzado una cuota significativa en el stock total de depósitos. Sin embargo, en momentos de alta inflación, como el actual, los plazos fijos UVA suelen tener un repunte, ya que ofrecen una protección contra la pérdida de poder adquisitivo. El Banco Nación ha lanzado recientemente un nuevo plazo fijo UVA con cobro mensual de intereses, buscando atraer a los ahorristas en pesos.
La historia de la UVA también está marcada por controversias políticas. Originalmente, la UVA se llamaba UVI (Unidad de Vivienda), pero el Congreso aprobó una ley que creaba un instrumento similar llamado UVI, con un ajuste basado en el índice de la construcción. Para evitar confusiones, el Banco Central modificó el nombre de su instrumento y lo llamó UVA.
En conclusión, la UVA ha sido una herramienta innovadora que ha transformado el acceso a la vivienda en Argentina. Sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo depende de la capacidad del país para controlar la inflación y de la implementación de políticas que protejan tanto a los prestamistas como a los prestatarios. El futuro de la UVA está en juego, y su éxito dependerá de la capacidad de encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la inclusión financiera.